La AEAFA reclama que se impulse  un Pacto de Estado sobre la familia que aborde su protección integral
Maria Dolores Lozano presidenta de AEAFA junto al ministro de Justicia, Rafael Catala, la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, y María Dolores Azaustre de AEAFA.

La AEAFA reclama que se impulse un Pacto de Estado sobre la familia que aborde su protección integral

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24/2/2018 06:10
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Actualizado: 09/3/2022 14:46
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Más de 500 expertos en derecho de familia se dan cita en Madrid durante este fin de semana en las Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) que cumple su primer cuarto de siglo de vida.

En el acto de apertura, María Dolores Lozano, su presidenta pidió en presencia de Rafael Catalá, ministro de Justicia y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)  que se llegue a un Pacto de Estado por la Familia.

» España es el país de la UE que menos invierte en ayuda y protección de la familia”, afirmó Lozano.

Desde la AEAFA ese Pacto de Estado estaría vertebrado en algunas  políticas para su protección integral y tendría que centrarse dos reivindicaciones históricas pendientes de este colectivo de juristas: la conciliación de la vida laboral y familiar, y la creación de la jurisdicción de familia, necesaria para afrontar los retos que se derivan de nuestra sociedad y su complejidad, cuestión ya comentada en nuestro medio por Lozano 

Para la presidenta de esta asociación, «No abordar la creación de una jurisdicción de familia, persona y menores propia e independiente a la Civil es incumplir el principio constitucional de la igualdad ante la Ley a consecuencia del lugar residencia”.

España es «el segundo país de la Unión Europea con mayor de rupturas por matrimonio, afectando a casi 150.000 niños»

En España, subrayó “las ruptura familiar ha aumentado considerablemente convirtiéndose en uno de los principales problemas.

En este sentido, ha recordado que España es «el segundo país de la Unión Europea con mayor de rupturas por matrimonio, afectando a casi 150.000 niños».

Por su parte, el ministro Catalá apuntó la necesidad de regular por ley los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia que atienden a las familias españolas en procesos de divorcio, y ha asegurado que están trabajando para mejorar su dotación.

Cuando esta regulación se lleve a efecto, se garantizará la formación de estos equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y, presumiblemente, mediadores, cosa que hasta ahora no sucedía.

Asimismo, los abogados de Familia confían en que, fruto de esta intervención del Ministerio, se establezcan espacios físicos donde llevar a cabo entrevistas a los miembros de la familia en proceso de divorcio y exploraciones a los hijos.

Catalá destacó en su discurso inaugural la importante función que desarrollan los equipos psicosociales “al ayudar a jueces y a fiscales a resolver casos conflictivos” en caso de rupturas de pareja.

“Es imprescindible dotarles de mayor capacitación tanto en medios materiales como en infraestructuras” , aseguró Catalá ante los más de 500 juristas que participan hasta este sábado en el congreso que aborda las nuevas tendencias en materia de divorcios, custodia compartida, maternidad subrogada, sustracción internacional de menores, violencia de género, adopciones, emancipación, declaraciones de incapacidad o reclamaciones de paternidad, entre otros asuntos.

Más mediación en los divorcios

Catalá, asimismo, ha insistido en la necesidad de “seguir explorando en la mediación para los procedimientos de familia para llegar a un acuerdo entre las partes que no sea la vía judicial como ya ocurre en países como Francia o Italia”.

El ministro ha recordado, según consta en la Memoria del Consejo General de Poder Judicial, que en el 28 por ciento de los casos de separaciones o divorcios se ha concedido la custodia compartida de los hijos lo que “confirma una nuevo escenario social que requiere diálogo y consenso por parte de las asociaciones, interlocutores y las administraciones”.

Catalá anuncio, en otro momento de su intervención, la creación este mismo año de nuevos juzgados de primera instancia (en la actualidad existen 109), entre los que tendrán protagonismo los de familia, al tiempo que se mejorarán los tiempos de pago de la asistencia judicial gratuita y los baremos del turno de oficio del Ministerio de Justicia en comparación a algunas comunidades autónomas.

Por su parte, la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ha destacado el papel de los abogados de familia puede aportar a la constitución con su trabajo e iniciativas, siempre ajustadas a derecho.

Necesaria una jurisdicción de familia

La presidenta de AEAFA ha recalcado la necesidad imperiosa de contar con una “jurisdicción de Familia propia e independiente que garantice la atención adecuada, eficaz e igualitaria para todos los ciudadanos, sin discriminación territorial alguna y con profesionales preparados en esta material que aborden adecuadamente los problemas derivados de la crisis familiar”.

También ha indicado que AEAFA celebra este año 25 años aniversario “trabajando en la formación de los abogados dedicados a esta rama del derecho, promoviendo reformas legislativas que mejoren el derecho sustantivo y procesal, impulsando la uniformidad y aplicación de la legislación del derecho de familia y concienciando a la ciudadanía de la necesidad de la especialización del abogado que ejerce una función social”.

La vicepresidenta de esta asocaición, María Dolores Azaustre, concluyó el acto de apertura asegurando que “los abogados de familia trabajamos con un material muy sensible y siempre tratamos de recomponer con el menor sufrimiento posible. Por ello es imprescindible contar con un servicio jurídico de calidad y especializado”.

La Aeafa agrupa a 1.800 letrados especializados en Derecho de Familia de todo el país.

Aeafa es el interlocutor con los gobiernos central y autonómicos para el asesoramiento e impulso de las reformas legislativas relacionadas con el Derecho de Familia.

Desde hace 20 años promueve la creación de juzgados de Familia que eviten la discriminación del ciudadano por su lugar de residencia.

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