Será, previsiblemente, el 15 de marzo próximo. El pleno de ese día del Congreso de los Diputados tendrá que decidir cuál de las tres iniciativas verán la luz, siguiendo su tramitación: si la derogación, que proponen PNV, PSOE y Unidos Podemos; la ampliación a cinco delitos más, que propone el PP, o el endurecimiento de los beneficios penitenciarios, como propone Ciudadanos.
La Mesa del Congreso puso fin ayer este a las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas a la proposición de ley del PNV para modificar el Código Penal con el fin de derogar la prisión permanente revisable instaurada en 2015, una iniciativa que llevaba meses congelada en la Cámara Baja.
El desbloqueo fue posible al unir las fuerzas de sus votos Ciudadanos a Podemos y PSOE y dejar al PP en minoría en el órgano de gobierno de la Cámara.
En concreto, se cerró el plazo de enmiendas de totalidad, que no pueden limitarse a pedir la devolución de la iniciativa del PNV porque ya fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso, sino que exigen la presentación de un texto alternativo que sustituya a esa propuesta de derogación de los nacionalistas vascos.
El PP aprovechó que el Congreso había desbloqueado la tramitación de la propuesta del PNV de derogación de la prisión permanente revisable para tratar de ampliarla a los supuestos que anunció en su día el Ministerio de Justicia y que estaban en el anteproyecto que estudia el Gobierno.
CIUDADANOS TIENE ANUNCIADA OTRA
Ciudadanos ya tenía anunciada su enmienda alternativa, en su caso para dejar como está la prisión permanente -a la espera de que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el recurso presentado en su día por la oposición-, pero mientras endurecer los requisitos para acceder a permisos y beneficios penitenciarios.
Lo que registró ayer el Grupo Popular es un texto alternativo en el que mantiene la vigencia de la pena de prisión permanente revisable y añade nuevos supuestos para su aplicación, los mismos que anunció en su día el Gobierno.
En concreto, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto con cinco nuevos delitos penados con prisión permanente revisable: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle, y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.
En la actualidad, esta máxima pena se contempla en ocho supuestos: asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; y genocidio o crímenes de lesa humanidad–.
En la presentación del anteproyecto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, descartó que el Ejecutivo estuviera legislando «en caliente» y justificó la propuesta de ampliar la prisión permanente porque existe «una demanda social».
Y es que el debate de la prisión permanente volvió a los medios tras el esclarecimiento del asesinato de Diana Quer y la campaña de recogida de firmas que inició la familia de la joven madrileña para mantener la prisión permanente en el Código Penal, en al que obtuvo más de dos millones. EP.
