La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) del Sector Justicia advierte que se avecina una «primavera caliente» en la Administración de Justicia como respuesta contra la modificación de algunos de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque suponen «usar el hacha para recortar derechos a los funcionarios de Justicia».
Y una «agresión» a los «derechos laborales y colectivos de los funcionarios de Justicia».
La «primavera caliente», avanzan, comenzará con una campaña informativa en todos los centros de trabajo, el estudio de acciones legales de todo tipo, que seguirán con un calendario de movilizaciones, en coordinación con el resto de los sindicatos, sin descartar una huelga general.
Según la CSIF, el Ministerio del ramo les mintió cuando les informó de las propuestas de modificación de algunos de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), durante la reunión de la mesa de negociación que tuvo lugar el pasado 23 de febrero; propuestas «concretas y de carácter técnico» de las que no les avanzaron contenido alguno, explican en un comunicado.
Si se aprobaran las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, a instancias del Ministerio de Justicia, las consecuencias, desde su punto de vista, son que no habrá «ni promoción profesional, ni reconocimiento de la capacidad y potencial de funcionarios de Justicia expertos, ni mucho menos hacer partícipes a los protagonistas del cambio de las reformas que se pretenden llevar a cabo. Sólo se percibe imposición, autoritarismo y un nuevo desprecio a los funcionarios de Justicia a los que se trata poco menos que como muebles».
CONSECUENCIAS
De acuerdo con sus conclusiones, dichas reformas implican la «supresión de los actuales centros de destino, limitándolos al conjunto de los puestos que radiquen en el mismo municipio. Lo que supone la discrecionalidad a la hora de encomendar funciones y tareas y en contra del principio de especialización que se proclama en la propia LOPJ».
«Como ya ocurrió en 2010, CSIF se opondrá a esta utilización de los profesionales de la Justica como muebles», dicen.
También creen que se producirá un «incremento de la capacidad discrecional de los Letrados a los que se atribuye no sólo la dirección técnico-procesal de la oficina sino también la funcional, lo que puede tener consecuencias en la posibilidad de disfrutar de permisos, vacaciones y licencias, así como para castigar o premiar discrecionalmente y para atribuir la ‘ejecución’ de funciones (lo que consagra el principio de que unos trabajan y otros cobran) y a mover a ‘sus’ funcionarios a su antojo», añaden.
De la misma manera, desde CSIF opinan que la consecuencia directa será un «incremento de la politización y del control político de la oficina judicial, reforzando el carácter jerarquizado de toda la oficina en lo que se refiere a las órdenes dictadas desde el propio Ministerio. Un camino que sigue la estela de la perniciosa introducción de los puestos de libre designación, especialmente, de Secretarios de Gobierno y coordinadores y del nombramiento a dedo de los Letrados del Tribunal Supremo».
Asimismo consideran que dichas reformas conllevan la «indeterminación del destino real (y en consecuencia de las funciones y tareas atribuidas, así como de la posibilidad de establecer castigos y premiso relacionados con el destino) con la creación de secciones dentro del mismo orden jurisdiccional, servido por dos o más jueces; la creación de órganos comarcalizados, que asuman su competencia sobre varios partidos judiciales; y que una única UPAD preste servicio a varios órganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional».
Por último, desde su punto de vista, «limita las causas de nombramientos del personal interino, limitando el nombramiento de refuerzos a un plazo máximo de seis meses».
La CSIF reprocha al Ministerio de Justicia de no cumplir con los acuerdos que firma, no ser capaz de sacar adelante su gran acuerdo sobre la Justicia, no poder aclarar cuál va a ser el futuro tecnológico de la Administración de Justicia, no cumplir con su compromiso de modelo de Registro Civil, no poder liberarse de los lobbies corporativos en la implantación de la nueva oficina judicial, y no haber respetado el derecho a la negociación colectiva.
