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La AJFV denuncia que las 50 enmiendas del PP a la reforma de la LOPJ son una injerencia en la Justicia

La sede del Consejo General del Poder Judicial, en la calle del marqués de la Ensenada de Madrid, fue antes el Teatro Lírico, el cual sufrió un incendio, a principios de siglo, y después el Liceo Francés. Foto: Carlos Berbell/ Confilegal
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) denuncia que el PP ha hecho una maniobra «poco sutil» presentando en el Congreso de los Diputados 50 enmiendas a la Proposición de Ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objeto de «aumentar las posibilidades injerencia» del Poder Ejecutivo en la Justicia.

A través de un comunicado, la AJFV señala que citada Proposición de Ley «tenía por único objeto el devolver a los Jueces los permisos que les fueron suprimidos en 2012 con ocasión de la recesión, la va a aprovechar el PP para realizar una auténtica reforma encubierta de la LOPJ, aprovechando su mayoría en el Senado«.

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Y subrayan que «muchos de los cambios» propuestos en sus enmiendas «tienen por objeto recortar las facultades judiciales e introducir una mayor mediatización del ejecutivo en su labor, todo ello en materias de oficina judicial y digitalización inventando, incluso, una suerte de “tribunales de instancia sectoriales”, por decisión del ministerio de Justicia, en el que el CGPJ será convidado de piedra».

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Así lo ha manifestado la asociación de jueces en un comunicado en el que después de analizar las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular tratan de «saltar por encima» los acuerdos adoptados en juntas de jueces y Salas de Gobierno en materia de digitalización, documentación y dirección procesal «bajo la excusa» de la devolución de los permisos a los jueces y magistrados o la equiparación de las medias sociales al resto de funcionarios.

Los jueces destacan que entre las enmiendas se propone el plazo de tramitación de los expedientes disciplinarios frente a los jueces, «sin justificación alguna y con la única finalidad de empeorar las condiciones profesionales de los jueces».

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Y afirman que «desapodera gravemente» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en varios aspectos porque se les sustrae del obligatorio trámite de informe de la reforma legislativa porque no se le ha consultado sobre estas enmiendas.

También, relatan que el PP pretende atribuir a los Letrados de la Administración de Justicia –anteriormente denominados secretarios judiciales– un «incremento exorbitado de competencias», ya que se prevé que reciban instrucciones directas de sus superiores jerárquicos y puedan decidir de «manera exclusiva» cuestiones relativas a la documentación del proceso.

LOS JUECES DECIDEN SOBRE EL FONDO DE LOS PROCESOS JUDICIALES

De este modo se incumple lo establecido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en una sentencia de 8 de mayo de 2015 sobre que esta función también corresponde al juez. Todo el proceso judicial está destinado a que un juez o magistrado decida sobre el fondo, y, por tanto, el proceso debería estar encaminado a facilitar su labor, no a obstaculizarla, dice el comunicado.

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«El legislativo pretende desoír lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 23 de marzo de 2016, que, claramente, estableció que no podía haber espacios de inmunidad frente al control judicial», señalan los jueces.

Entre otras cosas, la asociación también rechaza que se atribuya al Ministerio de Justicia la decisión de fijar la plantilla de los órganos judiciales, excluyendo al CGPJ. «Se encomienda al Ejecutivo decidir el número de jueces que deben servir en los órganos uniprovinciales de materias exclusivas», lamenta, como pueden ser los especializados en cláusulas suelo.

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DESAPARICIÓN DEL CGPJ

La asociación de jueces Francisco de Vitoria recuerda que desde hace un tiempo considera que el órgano de gobierno de los jueces se ha convertido en una «Dirección General del Ministerio de Justicia» y ha ido «perdiendo competencias» y que desembocará a su desaparición de forma «muy sencilla e inapreciable».

Por último, enfatizan que el Gobierno está cumpliendo de forma «curiosa» la exigencia del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en el que su informe aconseja mayor independencia judicial y que sean los jueces lo que elijan a los vocales del CGPJ. Para AJFV con estas enmiendas se busca el «vacío de competencias». (CONFILEGAL/EP)