PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Claves para comprender porqué fracasó la Subcomisión de Justicia

De izquierda a derecha, Gloria Elizo, de Unidos Podemos, María Jesús Moro, del PP, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, Juan Carlos Campo, del PSOE, y José Ignacio Prendes, de Ciudadanos. Carlos Berbell/Confilegal.
|

Fueron más de dos horas de intervenciones y de debate educado entre los representantes de los cuatro grupos parlamentarios principales del Congreso de los Diputados sobre porqué fracasó la Subcomisión para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia después de un año de trabajos, en “modo consenso”, y un informe final con 103 propuestas que sólo uno de ellos suscribió, el PP.

Y ocurrió en el marco del debate que llevó por título “La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?”, el cual tuvo lugar en la sede del Consejo General de Procuradores de España y bajo la moderación de su presidente, Juan Carlos Estévez.

Por el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas, que abandonó la Subcomisión el 29 de noviembre pasado, intervino Gloria Elizo Serrano, vicepresidenta Cuarta del Congreso y secretaria de Acción Institucional de Podemos.

Aquel día, el portavoz de Justicia del grupo confederar, Jaume Moya, explicó que se iban porque la Subcomisión era una “mera operación de maquillaje” que no llevaba a ningún lado. Y anunció que para ellos lo fundamental era impulsar dos proposiciones de ley: una que derogara la reforma 2013 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que confería el carácter presidencial al Consejo General del Poder Judicial, y otra, que reformara el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso, y secretaria de Acción Institucional de Podemos. Carlos Berbell/Confilegal.

Elizo Serrano quiso explicar el contexto en el que habían tomado esa decisión.

“Es verdad que la legislatura es compleja. Hay diferentes alternativas de mayorías de control parlamentario que determinan lo que está pasando”, explicó.

“Sin embargo, la dinámica parlamentaria ha demostrado que a través del abuso del veto presupuestario tenemos más de 50 medidas legislativas que no salen adelante porque el Gobierno utiliza la previsión reglamentaria que impide la tramitación propuesta legislativa que suponga una modificación de ingreso y de gastos, a nivel presupuestario”, reveló.

PUBLICIDAD

“Nosotros vamos a plantear una propuesta legislativa para decir que pese a operar como instrumento de veto presupuestario desvirtúa la doctrina del Tribunal Constitucional que dice que sólo puede haber veto presupuestario para aquellas propuestas legislativas que afecten al ejercicio presupuestario corriente y no a futuros. De manera que están utilizando una herramienta impidiendo que los grupos parlamentarios debatamos en el parlamento iniciativas legislativas”, añadió.

Esta es una legislatura, desde su punto de vista, en la que las iniciativas legislativas se encuentran en un mar embalsamado de prórrogas de enmiendas que no siguen adelante.

Los pactos de Estado

Y luego hay una tercera herramienta: Los pactos de Estado.

PUBLICIDAD

“¿Qué está pasando? Que las subcomisiones de pactos se están utilizando para paralizar las propuestas legislativas porque no tienen respaldo presupuestario. Y no se toman medidas importantes y cruciales, como la derogación de la reforma de la LOPJ, para acabar con el régimen presidencialista. O la derogación del artículo 324 que limita los plazos de instrucción”, señaló. Eso es lo que les hizo marcharse. La falta de confianza.

PUBLICIDAD

Ciudadanos, por su parte, se desmarcó de la Subcomisión el pasado 6 de enero marcando una línea roja “innegociable”: la elección de los 12 vocales jueces por, y entre, los propios jueces que conforman la carrera judicial, tal como aconsejaba el último informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

José Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia de la formación naranja, citó el punto 36 de la Recomendación 5 de dicho informe: “Una de las claves de los cambios es que los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial sean directamente elegidos por sus pares. Y más adelante, el grupo GRECO reitera que los cargos políticos no deberían participar en la elección de estos cargos judiciales en ninguno de los escalones del proceso. Esa es la clave. Lo dice GRECO, no lo digo yo”.

José Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia de Ciudadanos. Carlos Berbell/Confilegal.

Más adelante, para apoyar esta argumentación, Prendes citó la sentencia del Constitucional 108/1986, la cual validó la reforma que suprimió la elección de los 12 vocales jueces por sus compañeros y lo dejó en manos del Parlamento.

“Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”, leyó.

PUBLICIDAD

Y agregó: “La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución”.

Un acuerdo con el PP

“Lo dice la sentencia. Manifestaba ese riesgo. Ahora analicemos todos los avatares del Consejo desde el año 1986 hasta 2018. Lo conocemos muy bien todo. Pensemos en todo lo ocurrido. Y pensemos que tenemos firmado un pacto [el de investidura PP-Ciudadanos; suscrito en agosto de 2016] que establece precisamente esto. Queremos que se cumpla para que no se repita de nuevo nada del pasado”, dijo Prendes.

Algunos de los asistentes comentaban que quizá había tenido que ver ese cambio de posición de Ciudadanos en los buenos resultados obtenidos en las últimas lecciones autonómicas celebradas en Cataluña el pasado 21 de diciembre.

Porque hasta ese mes Ciudadanos había apoyado, en principio, la elección de los 12 vocales jueces por un órgano de designación parlamentaria donde gente con prestigio seleccionara previamente a los candidatos, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía.

Juan Carlos Campo, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso. Carlos Berbell/Confilegal.

El PSOE, por su parte, no se presentó el día de la firma del informe de la Subcomisión, el pasado 1 de marzo, sólo con el PP, PNV y Comprimís, evitando una foto de ruptura clara.

En cambio, hizo público un comunicado acusando al Gobierno de “hacer inviable” un Pacto por la Justicia y culpando tanto a Ciudadanos como a Unidos Podemos por haber abandonado la citada subcomisión.

“Desde la perspectiva del Estado de Derecho el fracaso de la Subcomisión de Justicia, es una lamentable noticia. El Grupo Parlamentario Socialista seguirá luchando por un servicio público de Justicia, ágil, eficaz y cercano al ciudadano”, dijeron en un comunicado.

Para los socialistas, gran parte de esa culpa se encuentra en un Ministerio de Justicia que “no gestiona y no tiene proyecto alguno. De ahí que buscara un pacto a cualquier precio que pudiera salvar al Gobierno sin importarle las necesidades de la Administración de Justicia de este país, carente de medios materiales y personales y pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho”.

Ausencia de presupuesto

Una línea de ataque en la que ayer profundizó Juan Carlos Campo, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia y exsecretario de Estado de Justicia con el último ministro del ramo socialista, Francisco Caamaño.

“Está muy bien que Catalá haya expuesto un paquete de reformas. Pero no es un problema de ideas. Digamos las cosas claras. Aquí, todos, más o menos, sabemos lo que hay que cambiar: El Consejo General del Poder Judicial, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el traspaso de la instrucción a los fiscales, la planta y demarcación judicial… Aquí todo está hablado. El problema es que no hay ningún presupuesto. Y lo que es peor, no hay un compromiso presupuestario”, declaró.

“Nosotros invertimos, entre 2009 y 2012, 200 millones de euros en el EJIS, para desarrollar un sistema informático -dentro de una ley de nuevas tecnologías-, que permitiera a los diferentes sistemas de gestión procesal de las Comunidades Autónomas y del Ministerio que hablaran entre sí”, avanzó.

“Donde no hay ideas se amontonan las palabras. Donde no hay presupuestos se amontonan las ideas”, sentenció Campo.

Y en esa línea de “claridad”, se volvió hacia Prendes y le dijo: “bloqueáis el pacto de la Justicia por vuestro acuerdo previo con el gobierno. Vosotros sois el tapón”.

María Jesús Moro, portavoz del PP en el Congreso. Carlos Berbell/Confilegal.

María Jesús Moro, portavoz del PP en la misma Comisión de Justicia, puso la directa contra el informe GRECO.

“En los últimos días me he estado leyendo el informe GRECO referido a otros países como Francia, Italia o Alemania. Y no entiendo lo que se dice de España. Yo leo que en Alemania, donde no hay Consejo General del Poder Judicial, el sistema lo administra el ministro de Justicia de cada Lander, en el ámbito federal, el ministro federal de Justicia es el responsable del Tribunal Federal y así con el resto de los órganos judiciales. Y no he visto que nadie se rasgue las vestiduras. El GRECO no dice nada de esto”, contó Moro.

“No nos hagamos el harakiri”, indicó. “Hemos hecho un gran trabajo en la elaboración de las 103 propuestas y deben aprovecharse. No tiene ningún sentido que ahora se dejen en un cajón. La ciudadanía no nos lo perdonaría”.

En su intervención previa, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, avanzó que el Gobierno había decidido hacer suyas esas 103 propuestas y transformarlas en iniciativas legislativas.