La economía colaborativa profundiza en sus luces y sombras desde una obra colectiva

La economía colaborativa profundiza en sus luces y sombras desde una obra colectiva

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20/3/2018 05:56
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Actualizado: 19/3/2018 22:26
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Ejercicio de autoanálisis, eso es lo que ha hecho el sector de las plataformas digitales al publicar “Aspectos legales de la economía colaborativa y bajo demanda en plataformas digitales”, una obra colectiva edidata desde Sharing España, colectivo de estas empresas ubicado en la patronal Adigital.

Desde la lectura de esta obra coordinada por Sara Rodríguez, abogada y manager de políticas públicas en Adigital y Sharing España, y Alfredo Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. “La economía colaborativa o de plataformas tiene un gran éxito y atrae a mucha gente, a la vez que sufre una gran inseguridad jurídica”.

En esta obra encontrarán los lectores una detallada introducción a estos nuevos modelos, a modo de delimitación del marco legal. Del mismo modo, se pone el foco en el análisis de los principales puntos de controversia jurídica que suscita cada uno de ellos: los diferentes sectores verticales de actividad, la fiscalidad, la responsabilidad, la laboralidad, entre otras cuestiones particularmente conflictivas.

De hecho gracias a la lectura de este libro, imprescindible para conocer por dentro el mundo de las plataformas digitales, hablamos con Rodríguez de algunos clichés que parecen haber etiquetado esta otra forma de hacer negocios: “ A nivel jurídico hay mucho que hacer aún, los dos otros libros que hay en el mercado son muy académicos, de profesores universitarios. Con la obra hemos querido sentar las bases del sector y aclarar ciertos temas que nos preocupan a todos los que trabajamos en el sector” explica.

Nuestra conversación ahora se centra en puntualizar aquellas cuestiones que ya la opinión pública tiene una visión, quizás no demasiado adecuada de lo que en realidad es.  “Todos tenemos que cumplir las reglas. Pero cuidado con la ecuación mismos servicios mismas reglas porque es un mantra repetido. Es el caso de Airbnb, al que se quiere aplicar las mismas normas que los hoteles pero ellos no tienen las viviendas. Son naturalezas diferentes”.

a) Fiscalidad y su trazabilidad

“Esta es una cuestión jurídica que tiene visos de convertirse en político. Con el Decreto que publico Hacienda a finales de año se obligaba a las plataformas de alojamiento turístico y a cualquier intermediario a ceder datos de tercero. Lo primero que hay que darse cuenta es que hay plataformas trazables y otras que no.

De las plataformas se pueden tener datos de terceros,” pero Hacienda quiere más, el titular de la vivienda el que tiene derecho a la vivienda. También el registro catastral y los datos de todos los viajeros que se alojan en la vivienda, datos que no tiene. Creemos que ya le estamos dando los datos para frenar al fraude fiscal.  No todas las plataformas son Airbnb ni son trazables.

“Hay empresas españolas que pagan sus Impuestos de sociedades en nuestro país y otras europeas donde creen que es más oportuno dentro de la legalidad. De hecho hay algún estudio que señala que las empresas online pagan más impuestos que las offline”, destaca.

b) Sector con regulación propia

Ligado a este tema, Rodríguez recuerda que las plataformas tienen una normativa jurídica de aplicación. No están en el limbo jurídico”. Hay una Directiva de Comercio Electrónico que se traspuso a la LSSI y que señala a estas empresas como prestadores de servicios en la Sociedad de la Información. Ya hay jurisprudencia sobre este tema pero no ha calado en nuestra sociedad. Los propios juristas no se han dado cuenta de ello también”.

A juicio de esta jurista “hay mucho ruido mediático sobre este tema. Es muy difícil el separar el grano de la paja  a nivel informativo. El problema fundamental es que estamos ante modelos de negocio complejos y que en lugar de hilar fino, se está regulando sobre regulación lo que está generando cada vez más inseguridad jurídica. Esta regulación excesiva puede frenar una actividad que en otros países crece mucho”.

A este respecto, una de las cuestiones que más preocupa a este sector, es el papel beligerante de la Administración,  a todos los niveles, que lejos de jugar un papel de árbitro y negociador entre diferentes realidades, tradicionales y digitales, se ha decantado por las primeras “Lo han vivido las plataformas hoteleras y de alquiler de vehículo en sus carnes. Todas las semanas hemos tenido alguna noticia al respecto. Creo que estamos perdiendo una oportunidad de país y de crear una industria digital potente, alternativa al turismo”.

Sara Rodríguez, abogada y manager de políticas públicas en Adigital y Sharing España.

c) Reformar la Laboralidad

“Hay que darse cuenta que vivimos en un país laboralista, donde todo se quiere laboralizar pero hay que darse cuenta que en este sector hay mucha gente que quiere ser autónoma. Desde esta asociación ante cualquier práctica abusiva siempre hemos procurado que no se llevaran a cabo. Pero realmente son escasas. Son prácticas mercantilistas que creo que la sociedad no está muy habituada a este tipo de escenarios”.

Para Rodríguez, “no se trata de ir tanto a por Deliveroo u otras empresas similares. Lo que hay que pedirle al Gobierno es que regule de forma clara la figura del autónomo.  El profesional debe decidir qué régimen laboral está más a gusto. A dia de hoy no hay sentencias en nuestro país que haya analizado esta problemática pero si hay cuatro en Francia en menos de un año, donde se habla de que estamos ante una relación mercantil y que la persona puede elegir el régimen laboral que quiera”.

Desde su punto de vista, hay que regular mejor el autónomo dependiente, trade, para que un autónomo que dependa de una plataforma en un 75% tenga una cobertura mayor que otro autónomo que presta el servicio a diferentes entidades. Hay que equilibrar dos realidades, estudiantes y jubilados que se conecten una o dos veces a la semana y ganarse un dinero y otros que vean la plataforma como un empleo a tiempo completo y tengan una cobertura mejor como autónomos”.

Es importante que el mensaje llegue de que la economía colaborativa busca su hueco en el mercado y por ello necesita la seguridad jurídica para funcionar

d) Solidez de estas empresas

“Esta es otra cuestión que a nivel general parece que también ha calado. Junto a pymes y startups hay otro tipo de empresas de mayor calado que tienen una solidez financiera indudable, al llevar ya varios años en el mercado. No podemos olvidar que emprender en un sector de este tipo, con tanta inseguridad jurídica, cuesta mucho”.

Rodríguez destaca que estas plataformas digitales “ cuentan algunas de ellas con sus sistemas de resolución de disputas internos. Los usuarios están más tranquilos. La verdad que las reclamaciones que les llegan muchas se resuelven de forma interna. Es el caso de Airbnb que tiene un servicio de resolución de disputas muy interesante que viene en su propio modelo de negocio. Siguen la estela del sello de Confianza Online que lanzamos hace años y eso hace que su actividad sea segura”.

e) La importancia de los datos

Hay que darse cuenta que el nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) pone en los hombros de las empresas una responsabilidad importante, sobre todo las grandes que tienen músculo para dedicar profesionales a este tema. Mientras tanto pymes y autónomos no tienen esos recursos y pueden asfixisiarse”.

Para esta experta “, este tipo de normativas son positivas crean seguridad consumidor en el consumidor y una positiva opinión pública. Por otro lado, la ejecución de esas normativas  pueden ir acompañadas de muchas trabas regulatorias y de muchos requisitos innecesarios y gravosos”. Desde esta asociación, se ha recomendado contar con la figura del DPO, Delegado de Protección de Datos, “ lo que ha hecho desarrollar cursos formativos en esta materia”.

Alejandro Touriño, managing partner de Ecija.

f) Un sector muy regulado con un impacto claro en la economía

Alejandro Touriño, managing partner de Ecija, se ha centrado en esta monografía en analizar la parte más jurídica de la economía colaborativa. A lo largo de sus catorce años como profesional ha estado siempre muy pegado al entorno tecnológico, siendo ahora uno de los abogados referentes de esta práctica “con la visión del tiempo creo que acerté en especializarme en esta jurisdicción. Ahora es evidente que faltan expertos jurídicos en esta nueva realidad emergente que son las plataformas tecnológicas y su entorno”.

Nuestro experto revela que en su despacho trabajan con muchas empresas volcadas en la economía digital “ me he centrado en analizar el régimen de responsabilidad de las plataformas, análisis del papel de esas plataformas dentro de ese ecosistema y cuál es la responsabilidad que le corresponde. No es lo mismo la que le compete a Uber a la que puede tener Bla Bla Car o plataformas de alojamiento jurídico como Airbnb, por citar alguna”.

De dicha responsabilidad lo que más le llama la atención a Touriño es “que frente a voces que señalan que es un sector que se salta las reglas, todo lo contrario, está más regulado que otros. Lo mas relevante es que las plataformas de Internet tienen un régimen de responsabilidad diferente que las empresas que operan en otros ámbitos, que se resumen en dos aspectos: uno, la responsabilidad de que no tiene obligación de supervisar los contenidos subidos por los usuarios pero serán responsables si el contenido es ilícito y ellos tienen conocimiento del mismo, con el autor del mismo”.

La economía digital ha llegado para quedarse y la propia tecnología va modificar los modelos de negocio. Todos tendremos que adaptarnos a los nuevos tiempos

Touriño recuerda que esta responsabilidad es lo básico en este tipo de negocios  una vez que conocen que el contenido es ilícito deberán ser diligentes para suprimir dicho contenido”. Junto a ello cree que la entrada en vigor el próximo 25 de mayo del Reglamento Europeo de Protección de Datos será una norma que ponga a prueba dicho sector. Es uno de los grandes temas del año, sin lugar a dudas. Para las plataformas, como cualquier compañía es un reto, manejan millones de datos y tendrá que responder tanto a nivel jurídico como técnico”.

g) Necesidad de un equipo jurídico experto

Para este avezado abogado, curtido en mil batallas “este tipo de negocios sin un equipo jurídico pegado al negocio y proactivo no sería viable ante el entorno regulatorio que crece a su alrededor. Una mala planificación jurídica de inicio puede generar que el modelo jurídico a corto y medio plazo sea inviable”.  Las grandes empresas tienen en cuenta la necesidad de buenos abogados pero startups y otras pymes innovadoras deben tener juristas que les ayuden a que su negocio sea viable.

h) La economía digital ha llegado para quedarse

A juicio de este jurista, es posible que esté llegando el momento para que los poderes públicos y el propio sector de la economía colaborativa se sienten a negociar “ se trata de advertir los males a evitar y los bienes jurídicos a proteger.  Y desde ahí dictar normas que nos sirvan para muchos años, frente a normas parcheadas que no ayudarían a gestionar esta nueva realidad que viene de la economía colaborativa y sus plataformas tecnológicas”.

 Touriño cree ineludible que se ponga en marcha una mesa de trabajo entre todos los interlocutores. “ Al final hay que darse cuenta que toda la economía se va a convertir en digital”.  Cuando le preguntamos que es posible que a nuestro país le cueste más que a otros adaptarse a ese entorno señala que “ los sectores más tradicionales de más difícil reconversión siempre lo van a ver mal y pondrán oposición”.

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