Juego sucio, deslealtad profesional y desprotección a una víctima: una historia real 

30 / 03 / 2018 06:15

Actualizado el 30 / 03 / 2018 12:54

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Tengo la extraña sensación de que lo que voy a contar solo pasa en los «thrillers», pero, por desgracia, fue real. Me ocurrió el pasado 26 de marzo de 2018, cuando estaba citada a las 12:50, en calidad de acusación particular en un proceso de acoso y amenazas de un individuo que, tras conocer a mi cliente en redes sociales, optó por amenazarla al decidir ella que no quería continuar las conversaciones.

Me personé puntualmente en el número 10 de Plaza Castilla y entregué mi carnet de colegiada a la funcionaria que lleva el presente procedimiento. Ella misma me informó de que las vistas iban con retraso y que faltaban todavía dos juicios por celebrarse.

Aproveché para pedir que se colocara una mampara con el fin de que el acusado no viera a mi cliente, puesto que nunca la había visto en persona y era una cuestión que a ella le asustaba en sobremanera (todos los hechos estaban reconocidos por el investigado, teniendo dictada orden de alejamiento por los hechos del presente procedimiento).

Con el fin de que mi clienta no se cruzase con el investigado, porque la idea de que eso se produjera la estaba poniendo fuera de sí, decido llevármela un piso más arriba, hasta a la quinta planta, para alejarla del lugar y tranquilizarla.

Mientras caminamos hacia las escaleras, saludo en el pasillo a mi compañero contrario en el presente procedimiento, con iniciales I.G.A, el cual escucha perfectamente a dónde nos dirigimos.

Él y yo nos habíamos visto en diligencias anteriores por lo que me reconoció perfectamente, y yo a él.

El «compañero» sabía que el tiempo que se tarda en subir a una planta y volver a bajar no se alarga más allá de cuatro minutos.

Una vez arriba, le explico a mi cliente que quizás no se fuera a hacer uso de la mampara de separación, (instancia que ya me parece perjudicial y carente de toda garantía) y trato de devolverle la tranquilidad.

Descendemos de nuevo a la Sala de vistas del Juzgado. Son las 12:54 horas. La vista oral está señalada para las 12.50. Veo que han retirado la hoja de los señalamientos de la puerta de la Sala, por lo que entro al juzgado.

Allí me comunican que el juicio se acaba de celebrar con libre absolución del investigado, por incomparecencia de la acusación.

Rápidamente acudo al despacho de Su Señoría, doña María Antonia de Torres Díez-Madroñero, a pedir explicaciones de lo ocurrido.

Se me informa de que mi compañero, en el momento en el que nos llaman para entrar a Sala, ha afirmado que me he tenido que ir por tener prisa y que ya habíamos hablado nosotros para llegar a un acuerdo.

Por tanto, no hacia falta esperarme, dado que yo no iba a comparecer.

Esta información está muy lejos de ser cierta.

No teníamos la más mínima intención de llegar a acuerdo y, por supuesto, mi intención era comparecer. 

Del resultado de la presente actuación se extrae sentencia absolutoria por incomparecencia de la acusación, tanto del Ministerio Fiscal como particular, aún con todos los hechos reconocidos previamente por el investigado en declaración judicial, los cuales como ya se ha explicado se tratan de amenazas y acoso.

Mi preocupación como letrada se centra principalmente en tres cuestiones: por un lado, la falta de garantías ante la seguridad o integridad de las víctimas que no quieren esperar sentadas delante de su agresor, aún cuando la ley recoge textualmente que se debe dar la debida protección a aquellos testigos que la requieran o necesiten.

En segundo lugar, el mal funcionamiento de las sedes judiciales, la falta de comunicación de jueces y funcionarios y el poco respeto a los abogados, que estamos hartos de esperar y esperar, teniendo que respetar las dilaciones continuas de los juzgados y el trato de muchos funcionarios que ni nos miran a la cara cuando les hablamos, aún siendo nosotros parte de los procesos como un actor más absolutamente necesarios.

Y en tercer, y último lugar, a la falta de moral y ética de un compañero que sólo piensa en sus números y falta absolutamente a la lealtad profesional que debemos tener entre nosotros. 

Tengo una sensación de desconfianza absoluta, a nivel profesional y personal, puesto que creo que lo importante en todo esto son las personas y salvaguardar a las víctimas, muchas veces no se garantizan las medidas que se requieren para ciertos asuntos y que son tan necesarias para que estas cosas no se vuelvan a repetir, y sobre todo, para que no vuelva a haber un denunciante con miedo a acudir a un juzgado porque nadie le protege.

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