El sindicato Unión de Policías Municipales (UPM) ha ratificado este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, María Dolores Baeza Trujillo, su querella contra el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero y la edil de Ahora Madrid Rommy Arce por sus comentarios «incendiarios» vertidos en el marco de los incidentes acaecidos el pasado 15 de marzo en el barrio de Lavapiés por la muerte del mantero de origen senegalés Mmame Mbaye.
La ratificación de la acusación se produce después de que el magistrado abriera diligencias previas para investigar los hechos denunciados por un delito de incitación al odio, del 511 del Código Pena, que contempla una pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Y se hace bajo las críticas a Manuela Carmena por no «hacer limpia de su Gobierno» ante su decisión de mantener a Arce en su cargo a pesar de estar investigada por sus tuits.
A las puertas de los juzgados, el asesor jurídico del sindicato, Antonio Suárez-Valdés, al que acompañaba Jaime Johnson, secretario general de la UPM, ha destacado que con esta querella se quiere decir «basta ya contra la persecución de la Policía Municipal de Madrid y contra el odio que se fomenta» contra este colectivo.
Asimismo, ha indicado que solicitan que se retracten de los «tuits» lanzados contra la Policía Municipal y que pidan perdón tanto al colectivo como a los madrileños.
También piden la dimisión del concejal de Seguridad, Javier Barbero, ya que entienden que, pese a los medios y conocimiento que tenía de la situación, echó más leña al fuego e incitó al odio.
Sus críticas también se han dirigido contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por no hacer «limpia» de su Gobierno, algo que sorprende a los miembros de este sindicato policial al ser «una cuestión que debe ser prioritaria».
«Carmena ha conseguido lo que no había conseguido nadie: Que todos los sindicatos policiales se pongan de acuerdo para solicitar todos la dimisión del concejal de seguridad. Esto necesariamente tiene que ser por algo», ha recalcado Suárez-Valdés.
El abogado del sindicato confía en que en este juzgado se acumule la querella presentada por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) por un presunto delito de incitación al odio, cuya instrucción se sigue en el Juzgado número 9, de la que es titular la magistrada Esperanza Collazos Chamorro.
En el marco de esta querella, Arce tendrá que acudir el próximo 25 de abril a declarar como «investigada».
Hace unas semanas, el letrado detalló que han ido viendo «una sucesión de hechos bastantes significativos desde ciertos grupos» como concejales de Ahora Madrid, miembros de Podemos y otros líderes políticos, a quienes atribuyó «una serie de aseveraciones en redes sociales culpabilizando a la Policía como causantes últimos de la muerte del inmigrante senegalés». EP.
