La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) ha mostrado su preocupación ante el registro por parte de Unidos Podemos en el Congreso una proposición de ley en la que propone una modificación del Código Penal para regresar a la situación anterior a 2015, cuando la venta en el top manta estaba penalizada con una multa administrativa y no con la cárcel, como ocurre actualmente tras la reforma del PP.
A juicio de esta asociación profesional es necesario mantener la situación penal actual, pues apoyar esta iniciativa supondría convertir nuestras calles en bazares de ciudades sin ley, teniendo en cuenta que incluso atendiendo a la normativa actual, el nivel de manteros que venden diariamente productos falsificados en las ciudades españolas ya es insoportable para la industria y el comercio español.
Desde ANDEMA se respalda y agradece la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos y locales, así como de las Aduanas en la lucha contra la distribución y venta ilegal de falsificaciones y señalan que “preocupante que un partido político plantee en el Congreso una proposición de ley que legalizaría la venta ilícita de productos que no sufren ningún tipo de control de calidad, con ocupación del espacio público, sin ningún tipo de autorización ni el pago de impuestos ni tasas”.
A juicio de este colectivo profesional, la postura del partido de Pablo Iglesias crearía un notable agravio comparativo con los requisitos legales que soportan las empresas y los comerciantes, que venden productos auténticos, además de estar al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales, medioambientales y de otro tipo, generando un elevado porcentaje del empleo en nuestro país.
Desde esta entidad, que agrupa unas setenta entidades como corporación, se insiste en que la venta ambulante ilegal conocida como “top manta”, es una actividad ilícita realizada normalmente vulnerando la normativa que regula la venta ambulante. Todo el proceso, desde la fabricación de los productos hasta su última comercialización al cliente final se realiza en económica sumergida.
Los datos que arrojan desde esta entidad señalan que en nuestro país, cada año se pierden 7.659 millones de euros por parte de las empresas pertenecientes a doce de los sectores más perjudicados por la distribución y venta de falsificaciones, según estudios de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
En esos mismos doce sectores se destruyen 67.405 puestos de trabajo, a causa del comercio de falsificaciones que se sitúan en los 100.000 entre empleos directos e indirectos. Al mismo tiempo, el Estado Español pierde cada año una importante cifra de recaudación de impuestos por esas ventas ilícitas que no generan ningún tipo de ingreso fiscal.
Los sectores más afectados por las falsificaciones son las prendas de vestir y el calzado, ya que suponen 4.127 millones de euros de ventas directas y 50.296 puestos de trabajo. Le siguen en importancia económica los medicamentos, con 1.170 millones de euros y 3.223 puestos de trabajo y en tercer lugar los cosméticos, con 949 millones de euros y 9.755 puestos de trabajo.
El agujero negro del mercado de la Jonquera
En nuestro país, existe un foco de entrada de productos falsificados ya conocido como es el mercado Els Limits de la Jonquera (Gerona) que ha vuelto a aparecer en la lista Notorius Market que gestiona la United States Trade Representative (USTR) en EEUU. Esto ha hecho que nuestro país haya vuelto aparecer en este dudoso ranking de falsificaciones.
La reciente publicación del gobierno norteamericano de la lista Notorious Markets 2017, en la que se incluye por primera vez el mercado de Els Limits de la Jonquera, supone la aparición de nuestro país en esta lista negra 4 años después de que el mercado de A Pedra en Vigo fuera cerrado debido a la venta de falsificaciones y a su inclusión en la lista negra de 2013.
Este informe enumera cada año los mercados físicos y digitales que se considera que facilitan la venta de falsificaciones de marcas. En relación con el mercado de Gerona, el USTR “urge al gobierno español a trabajar con los propietarios, realizar investigaciones de los almacenes y proveedores, y asegurarse de que se lleven a cabo acciones contra la comercialización de
falsificaciones”.
De acuerdo con José Antonio Moreno, director de Andema “el mercado de la Junquera ha sido tradicionalmente uno de los puntos negros de la venta de falsificaciones en nuestro país. La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llevan años luchando contra una lacra tras la que se esconden delitos como el blanqueo de capitales, además de los grandes perjuicios que supone esta actividad en la economía y el empleo de la zona, o para el consumidor” .
En noviembre de 2016 se realizó en la zona una macro operación policial que se saldó con 71 detenidos, 41 registros y 264.980 productos incautados valorados en 8 millones de euros, además del cierre cautelar de los establecimientos donde se hallaban los productos intervenidos. Sin embargo, meses después se levantaron las medidas cautelares de cierre de establecimientos y desde entonces se ha detectado presencia de venta de falsificaciones nuevamente.
Competencia desleal
ANDEMA también advierte que la venta ambulante ilegal afecta notablemente al tejido comercial convencional. Esta competencia desleal por parte de los manteros no es claramente compensada por actuaciones eficaces, lo que genera una sensación de desamparo y de que se castiga a aquel que realiza su trabajo en el marco del ordenamiento jurídico.
Para el consumidor, la compra y consumo de falsificaciones, puede ser perjudicial para su seguridad y su salud. En el top manta se venden artículos y productos que no cumplen con los estándares de calidad y seguridad de los que debe disfrutar el consumidor por ley.
Según confirman estudios de instituciones internacionales como Interpol, Europol, EUIPO y—OCDE, el comercio mundial de falsificaciones suponen un volumen de 338.000 millones de euros, representando el 2,5% del comercio mundial. Según esas mismas fuentes, detrás del negocio de las falsificaciones hay redes de criminalidad organizada, siendo el segundo tráfico a nivel mundial que genera más lucro para estas bandas, después del tráfico de armas y, paradójicamente, tiene una respuesta penal muy baja.
