Griñán comenzará a declarar este miércoles en el juicio de los ERE
Se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación
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11/4/2018 06:10
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Actualizado: 10/4/2018 21:49
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El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán comenzará a declarar este miércoles en el juicio de la pieza política de los ERE, aunque no abrirá la sesión como inicialmente se preveía, pues el magistrado aún debe terminar con el interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
La larga declaración de Fernández, que lleva siete días respondiendo al fiscal y a su abogado y a quien este mismo martes el juez ha empezado por sorpresa a replantear preguntas del interrogatorio al que le sometió en 2012 la entonces instructora del caso la jueza Mercedes Alaya para que aclare qué respuestas ratifica.
Esto ha provocado que uno de los principales acusados, José Antonio Griñán haya visto postergado su declaración ante el tribunal.
En los pasillos de la Audiencia de Sevilla, el propio Griñán –que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación- ha expresado su deseo de pasar ya el trance de subir al estrado y su contrariedad por cómo se está posponiendo ese momento.
Aunque se desconoce si lo hará por la mañana o por la tarde, lo cierto es que este miércoles comience el interrogatorio del fiscal al expresidente de la Junta de la Andalucía.
Griñán está acusado -junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos su antecesor Manuel Chaves que declarará tras él- de prevaricación y malversación por mantener el «procedimiento específico» por el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Durante la mayor parte de ese periodo, Griñán no fue presidente (cargo en el que sucedió a Chaves en 2009 hasta su dimisión en 2013 ante su implicación en la investigación judicial) sino consejero de Hacienda, de 2004 a 2009.
Como tal, era destinatario -junto a los consejeros de Empleo e Innovación- de los informes en los que la Intervención de la Junta alertó de que el sistema usado para pagar las ayudas era «inadecuado» y en uno de ellos, en 2005, señaló que se daban «prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
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