El empresario del sector del ocio Bartolomé Cursach ha salido de la cárcel de Palma este miércoles sobre las 21.20 horas, después de permanecer 13 meses en prisión preventiva por la investigación de presunta corrupción que lleva su nombre. La Audiencia de Palma ha atendido parcialmente su recurso y ha decidido mantener la prisión provisional pero eludible bajo fianza de 1 millón de euros.
Cursach era el único investigado en este caso que seguía en prisión provisional, dictada el 3 de marzo del año pasado por el juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, -instructor de la causa hasta que fue recusado el mes pasado- por la investigación de una trama de funcionarios y policías presuntamente corruptos que beneficiaban sus negocios.
Este miércoles la Sección Primera de la Audiencia Provincial, formada por los magistradas Rocío Martín, Gemma Robles y Eleonor Moya, ha acordado mantener la prisión provisional para el empresario del ocio nocturno pero ha fijado una fianza de 1 millón de euros para que pudiera salir de la cárcel, a consignar en metálico o bien mediante aval bancario y le ha retirado el pasaporte.
Además el tribunal ha completado la medida de fianza con la obligación de que el empresario señale el domicilio donde debe ser hallado y avise si cambia en algún momento, y además le ha prohibido salir de Mallorca salvo autorización judicial expresa y previa, y le obliga a presentarse en el juzgado todos los lunes y a comparecer tantas veces como sea llamado.
El juez ordenó la prisión provisional de Cursach para evitar la reiteración delictiva, proteger las pruebas y por riesgo de fuga.
Sin embargo, la Audiencia no considera el encarcelamiento provisional «estrictamente necesario» en el actual momento procesal porque «el tiempo ya transcurrido en prisión preventiva mitiga los riesgos que aún se mantienen».
Según el tribunal, el peligro para los testigos se ha atenuando porque ha habido condenas por estos hechos y el riesgo de reiteración delictiva se ha reducido por la propia investigación judicial y por la presión mediática del caso.
En cuanto al riesgo de fuga, se mantiene por la eventual pena a la que pudiera ser condenado Cursach y por su elevada capacidad económica, pero aparece atenuado por los 13 meses encarcelado, por sus vínculos familiares y empresariales sólidos en Mallorca, por su edad (72 años) y el embargo de sus cuentas bancarias e inmuebles.
«Respecto de la necesidad de proteger las fuentes de prueba, en la fecha actual se han superado los 6 meses de plazo que establece el artículo 504.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para mantener dicha medida», puesto que la instrucción está prácticamente concluida.
El tribunal afirma que no cabe acordar la libertad incondicional de Cursach porque, «aunque atenuado», todavía existe «razonable riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la justicia» ya que el arraigo del empresario en España «no ofrece por sí solo suficientes garantías».
