El presidente de ADADE, Francisco Javier Ledesma Bartret, a la izquierda, y el senador por el PP, Aznar, durante el "interrogatorio" al que le sometió este último. Senado.
El Colegio de Abogados de Madrid sale en defensa de ADADE frente a los ataques del PP en el Senado
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20/4/2018 15:39
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Actualizado: 20/4/2018 18:47
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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha defendido ha salido en defensa de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), cuyo presidente, Francisco Javier Ledesma Bartret, fue ayer objeto de ataques y de duras preguntas por parte del senador del PP, Luis Aznar Fernández, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos de la Cámara Alta.
ADADE ha ejercido la acción popular en el caso Gürtel (primera época, 1999-2005), y en los casos Púnica y Lezo, entre otros.
Fue precisamente su solicitud al tribunal de la Gürtel la que forzó la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en calidad de testigo en sala en la Audiencia Nacional en julio del pasado año.
Un interrogatorio que llevó a cabo el letrado de ADADE, Mariano Benítez de Lugo.
El abogado fue después criticado por el PP por su dureza y criticado por ser votante socialista y «padre de un podemita imputado».
Durante el «interrogatorio» -porque fue un interrogatorio en toda regla- al que sometió ayer Aznar a Ledesma, el senador le espetó que lo que se desprende de las actuaciones de ADADE es que «hay un hilo común, un hilo conductor, porcentualmente al menos en la mayor parte de los casos. Ustedes lo que están buscando es personarse como acción popular en los casos en los que está implicado el partido popular. ¿Me podría decir, sinceramente, si es así?».
A lo que Ledesma contestó: «No, en absoluto. El PP nada tenía que ver con la acción popular en el caso Perote, Liaño, Estevill, ni en los atentados terroristas de Barcelona. Son numerosos los casos de personación. Ni en el orden de la jurisdicción contable del que fue presidente del CGPJ. No es así como usted está sugiriendo».
«Del caso Gürtel se desprendieron procesalmente determinadas piezas. Y continuamos en esas piezas desgajadas. El caso Púnica se desgaja del caos Gürtel. Y por último, el caso Lezo es otra derivada, una pieza separada del tronco común. Están íntimamente conectados. Tenemos la obligación de mantener la presencia. Se trata de una investigación que se manifiesta procesalmente en esos distintos procedimientos», añadió.
«¿En qué se diferencian esos casos de corrupción de otros?», repreguntó Aznar.
A lo que Ledesma contestó, «Suponiendo que se refiere a casos que se están tramitando fuera de la ciudad de Madrid. Nosotros somos abogados de Madrid que trabajamos gratuitamente que no tenemos ni tiempo ni medios ni posibilidades para desplazarnos a otros órganos judiciales de otras ciudades».
Antes, el senador le había preguntado qué es lo que perseguía ADADE como asociación.
«El interés general y la búsqueda de la defensa del Estado de Derecho», contestó el abogado.
Aznar contestó con otra repregunta: «Es decir que, en su opinión, el estado de derecho está indefenso Porque si tienen que acudir ustedes con capa y estada a defender el estado de derecho, desprenderse de sus palabras que el Estado de derecho estaría indefenso si ustedes no ejercieran la acción popular. Dígame, ¿qué tipos de casos persiguen? Dígame».
«El ejercicio de la acción popular, señoría, es un derecho constitucional, que junto con la participación en el jurado son los dos instrumentos de participación democrática que tenemos los ciudadanos en la administración de justicia. Y el elemento común es esa búsqueda de ala defensa del Estado de Derecho. Y no es que seamos los únicos actores, pero sí somos un instrumento de participación en la Administración de Justicia. Participación que deviene del artículo 125 de la Constitución, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder judicial. Estamos defendiendo el ejercicio de un importante derecho constitucional. Esa y no otra es la razón de nuestra intervención desde hace 30 años», respondió Ledesma.
Tanto las primeras preguntas realizadas por Aznar como las últimas trataron de poner contra las cuerdas a Ledesma, al que el senador le recodó que había sido diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y consejero del gobierno regional socialista y al que le preguntó quiénes habían sido y eran sus clientes.
Una pregunta que Ledesma respondió de forma categórica: «Las normas deontológicas que a mí me asisten me obligan a no revelar quiénes son mis clientes. Soy abogado desde hace 44 años. Y en ese tiempo, con la excepción de 4 que formé parte del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, he tenido muchos clientes. Público, privados, de todo tipo».
COMUNICADO DEL COLEGIO
Poco menos de 24 horas después de que compareciera Ledesma, el Colegio de Madrid hizo público un comunicado en defensa de su colegiado y de la asociación que preside.
«El Colegio, en el ámbito de sus obligaciones de velar por el ejercicio profesional, ha de demandar respeto y consideración por parte de todo tipo de entidades y estamentos, o sus portavoces, a quiénes legítimamente ejerzan la dirección letrada de la acusación popular, parte procesal de hondas raíces en nuestro sistema», dice el ICAM en una nota conocida hoy.
Ledesma ya intuía un interrogatorio duro, por lo que previamente solicitó al ICAM la presencia de uno de los diputados del Colegio.
Le correspondió al diputado secretario, José Ignacio Monedero.
«Esta actuación ha tenido lugar como respuesta a la petición de Ledesma, tras haber sido citado de comparecencia urgente, conforme a lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, en virtud del cual el ciudadano requerido podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo. Bajo la presidencia de Ledesma, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) ha ejercitado la acción popular en los casos denominados Gürtel, Púnica y Lezo», explica en su comunicado.
En el mismo, el ICAM recuerda al Senado, de forma indirecta y genérica, el respeto y consideración hacia su colegiado.
«El Colegio, en el ámbito de sus obligaciones de velar por el ejercicio profesional, ha de demandar respeto y consideración por parte de todo tipo de entidades y estamentos, o sus portavoces, a quiénes legítimamente ejerzan la dirección letrada de la acusación popular, parte procesal de hondas raíces en nuestro sistema».
Y recuerda el gran valor que tiene la acción popular, que ejercita ADADE, en nuestro ordenamiento jurídico.
«La acción popular faculta a cualquier ciudadano para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos (v.g. aquellos que cuando se atacan afectan a la generalidad de la sociedad, como pueden ser los casos de prevaricación y corrupción). Se trata de una figura consagrada en el artículo 125 de nuestra Carta Magna que responde a la intención de democratizar la justicia penal. Además, está expresamente reconocida a corporaciones, asociaciones y grupos de afectados en el artículo la Ley Orgánica del Poder Judicial», señala.
«Privar de esta acción a cualquier colectivo o ciudadano, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la norma, implica un ataque al derecho de tutela judicial efectiva», remacha.
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