Imagen de una dude las playas de la costa española. (EP)
El Gobierno británico modifica su normativa para acabar con las denuncias falsas de sus turistas en la costa española
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22/4/2018 06:00
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Actualizado: 21/4/2018 19:56
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Cerco a las denuncias falsas de turistas británicos en la costa española. El Ministerio de Justicia británico acaba de anunciar que en las próximas semanas presentará una nueva legislación que fijará una cantidad máxima para las reclamaciones de turistas británicos que hayan denunciado haber sufrido una intoxicación alimenticia durante sus vacaciones en el extranjero.
”Reclamar una compensación durante tus vacaciones sin haber estado realmente enfermo se considera un fraude. Esto daña la industria turística, pone en riesgo que se aumente el coste de las vacaciones de los turistas y mancha la reputación de los británicos”, señalaba el ministro de Justicia del Reino Unido, Jory Stewart.
Hasta ahora, la legislación británica no establecía ningún tipo de control sobre estas cuantías, por lo que los touroperadores veían con frecuencia cómo las mismas crecían de forma «desproporcionada» con respecto a los daños reclamados, tal y como reconoció ayer el propio Gobierno de Reino Unido, a través de un comunicado de su Embajada en Madrid.
Este vacío legal fue el principal caldo de cultivo para la aparición de todo un abanico de empresas y bufetes especializados en la interposición de este tipo de denuncias, las conocidas como «claim farmers», que en los últimos años se han estado desplazando hasta los destinos vacacionales con mayor presencia de británicos para ayudarles a «construir» falsas intoxicaciones alimentarias y alentarles a reclama.
El anuncio realizado por el Ministerio de Justicia Británico es una muy buena noticia para el sector turístico británico y para el español y es consecuencia del importante trabajo de lobby realizado por distintas instancias públicas y privadas españolas y británicas, destacando la importante labor desarrollada por ABTA, la Asociación Británica de Turoperadores y Agencias de Viajes, a nivel británico.
Por parte española es indudable reconocer el trabajo de los hoteleros españoles, con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos (CEHAT) y la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y Costa Blanca (HOSBEC) al frente, con el apoyo de la Embajada en el Reino Unido y de la Oficina Española de Turismo en Londres. Labor de lobby que se inició hace dos años con el repunte de estas prácticas impulsadas por empresas que gestionan reclamaciones por enfermedad.
España, muy perjudicado por denuncias falsas
Hasta el momento, España es uno de los países más perjudicados por falsas denuncias de enfermedades que realizan turistas británicos alentados por bufetes de abogados con el objetivo de obtener dinero. Los reclamos ilegales también perjudican a otros miembros de la UE como Portugal, Italia y Grecia, según datos de una encuesta de la la Asociación Británica de Agentes de Viajes (ABTA).
Uno de cada cinco turistas es tentado a realizar la maniobra, pero el 70% de los encuestados aseguró desconocer que presentar una reclamación fraudulenta, por una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria que no existió, puede acarrear penas de prisión en el Reino Unido. El crecimiento de esas denuncias falsas llegó a ser el 500% en algunos lugares de nuestra costa.
El sondeo, realizado entre 2.029 adultos, indicaba que un 14% es contactado por teléfono por las empresas que se dedican a la gestión de esa clase de reclamaciones, mientras que un 7% recibe un mensaje de texto y un 7% un correo electrónico. Un 3% es contactado a través de las redes sociales y un 2% en persona, especialmente en los aeropuertos.
Nueva legislación frente a los turistas aprovechados
La nueva legislación marcará la cantidad máxima que los turistas podrán reclamar después de haber sufrido una enfermedad en el transcurso de sus vacaciones con la intención de frenar las denuncias por falsas intoxicaciones.
Otra de las lagunas de la legislación británica es que deja la carga de la prueba en el establecimiento hotelero. De eso también se han venido aprovechando los bufetes para interponer las reclamaciones, que suelen rondar entre las 4.000 libras si es una intoxicación leve hasta 45.000 en caso de alegar una intoxicación ser muy grave.
La medida ha sido bienvenida tanto por las empresas del Sector como por la Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA). ”Estamos encantados de que el Ministerio de Justicia haya respondido a nuestras preocupaciones en torno a este hecho. Cerrar esta laguna reglamentaria antes del verano causará que los casos por este tipo de fraude se reduzcan de forma considerable”, señala Mark Tanzer, el presidente ejecutivo de ABTA.
A partir de ahora, para abordar este problema, el Gobierno de Reino Unido ha pedido al Comité de Procedimiento Civil -encargado de fijar las normas relativas a los costes legales-, que estudie trasladar las reclamaciones al régimen de costes fijos recuperables.
Así, los touroperadores solo desembolsarían los gastos establecidos según la cuantía de la reclamación y la duración del proceso judicial, pudiendo prever los costes legales y ayudando a estos mayoristas a impugnar por vía judicial las reclamaciones fraudulentas. La intención, según confirmaron ayer, es que estos cambios legales entren en vigor en las próximas semanas, de cara al inicio de la temporada estival
Dureza de tribunales británicos contra los impostores
Otro factor importante que está favoreciendo el descenso en la presentación de este tipo de reclamaciones son las resoluciones que, desde el pasado mes de octubre, han dictado distintos juzgados británicos contra cuatro parejas acusadas de haber presentado reclamaciones fraudulentas durante el disfrute de su paquete vacacional.
Dichas parejas fueron condenadas a pagar cantidades significativas a los turoperadores afectados (Thomas Cook, TUI y Red Sea Holidays), en concepto de indemnización por los costes legales incurridos que se personaron en esos procesos como acusaciones privadas. Estas condenas han tenido una importante cobertura mediática en el Reino Unido.
En una de ellas, dos turistas británicos fueron condenados a pagar 15.000 libras al grupo turístico TUI por un juzgado de Liverpool por fingir una intoxicación alimentaria durante su estancia en Benidorm (Alicante) para tratar que la cadena les indemnizara, La demanda original de ambos turistas reclamaba una indemnización de 2.500 libras para cada uno. Sin embargo, el juzgado la desestimó tras ver que siguieron subiendo fotos a sus redes sociales de sus vacaciones sin rastro alguno de esa supuesta intoxicación alimentaria.
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