«Hasta ahora las grandes y medianas empresas concesionarias de servicios públicos municipales se han limitado exclusivamente a prestar el servicio. Pero la prestación del servicio también implica la aplicación de determinadas políticas públicas que deben tener en cuenta al usuario y al ciudadano. Por ello, sería muy recomendable que estas empresas tuvieran códigos éticos y códigos de ‘compliance'».
Quien así se explica es Roger Cots i Valverde, secretario general del Ayuntamiento barcelonés de Gavá, coautor del libro «El interés general y la excelencia en los servicios públicos».
«Aunque el ‘compliance’ pertenezca al universo penal, se pueden prever mecanismos, en el ámbito de la normativa administrativa de transparencia, que obliguen a las concesionarias a crear la figura profesionalizada del ‘compliance officer’, el responsable del cumplimiento del marco regulatorio», añade.
Desde su punto de vista, sería una buena respuesta a la rendición de cuentas de los contratistas, más allá de lo exigible jurídicamente.
Son normas fuera del cómodo y tradicional sistema de fuentes, lo que se denomina autorregulación o «soft law», un derecho suave y dúctil, pero con efectos de gran trascendencia a pesar de su eficacia obligatoria per se, llamado a devenir como la antesala de normas «hard law».
«Es necesario ir un poco más allá de lo que dice la Ley. Estaría muy bien que esto se incluyera en los pliegos de cláusulas, pero si no es así, exigirlo como cumplimiento ético. Esto supondría un ahorro en materia de control de calidad dentro de la propia empresa que podría establecer la figura del defensor del usuario o cliente. Ese es el camino a seguir, sin duda, en el futuro», opina Cots i Valverde, uno de los grandes expertos en este campo.
