Denuncian las graves vulneraciones de los derechos de las personas con trastornos mentales en nuestro país
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29/4/2018 05:57
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Actualizado: 28/4/2018 17:19
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La Confederación Salud Mental España acaba de hacer público el “Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las personas con trastorno mental en España 2017”, un documento con el que denuncia las principales vulneraciones de derechos humanos de personas con problemas de salud mental.
Según revela las más de cien páginas de las que consta este informe, las personas con trastorno mental ven vulnerado su derecho a la integridad física y mental en situaciones como los ingresos involuntarios o las esterilizaciones forzosas. La violencia de género y la falta de recursos específicos suponen, un año más, una de las principales denuncias.
El documento, elaborado por la Asesoría Jurídica y el Comité Jurídico de Salud Mental España, ofrece como alternativas ejemplos de buenas prácticas, logros y recomendaciones en este ámbito.
Aproximadamente una de cada diez personas padece un trastorno mental, sin embargo, tan sólo el 1% del personal sanitario mundial presta sus servicios en este ámbito de la salud.
Son datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto, un hecho que incide en la necesidad de reforzar el liderazgo y las políticas gubernamentales en el ámbito de la salud mental, prestar servicios integrales y asistencia social en entornos comunitarios, entre otros temas.
El último informe de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), lanzado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, refleja que España está la cola de la Unión Europea en número de psiquiatras por habitante.
Según los datos, referidos al año 2015, España cuenta con 10,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes (aunque la estadística sólo tiene en cuenta a los profesionales que trabajan en hospitales, por lo que la cifra total sería ligeramente superior). Frente a ello, sin embargo, Suiza tiene hasta cinco veces más (50,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes), y países como Francia y Alemania, más del doble (22,7 y 22,3, respectivamente).
Trato inhumano
A raíz de los resultados obtenidos, la Confederación pone de manifiesto su preocupación por los tratos inhumanos o degradantes que siguen sufriendo en Españalas personas con trastorno mental, en base a las denuncias recogidas por su servicio de Asesoría Jurídica a lo largo del año 2017.
El informe insta a prevenir y eliminar la discriminación de estas personas aquejadas con dichas dolencias, ya que “las personas con problemas de salud mental constituyen uno de los colectivos más susceptibles de sufrir situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad”.
Según explica Nel González Zapico, presidente de Salud Mental España, en España “todavía se siguen produciendo acontecimientos que deberían estar superados. Nuestro objetivo y nuestro deber como movimiento asociativo es trabajar por el cumplimiento de los derechos del colectivo, los cuales se ven vulnerados casi a diario y en diferentes formas y contextos en nuestro país”, recalca.
Para Irene Muñoz, asesora jurídica de Salud Mental España, la forma en que España incumple la normativa internacional que protege los derechos de las personas con problemas de salud mental se basa en la «predominancia de una mentalidad que lleva a ver como `normal´ lo que en realidad constituyen graves vulneraciones de derechos humanos». Muñoz explica que esto da lugar al estigma «que alimenta el prejuicio y conduce a conductas discriminatorias».
Preocupación por los tratos inhumanos o degradantes que siguen sufriendo en Españalas personas con trastorno mental.
Ingresos involuntarios y otras medidas restrictivas
A través de este informe, editado por tercer año consecutivo, Salud Mental España denuncia a lo largo del mismo que “todavía se sigue de manera general ignorando la diversidad de la persona como ser humano sujeto de derechos y digna de un trato humano”.
En el capítulo ‘Derecho a la libertad y seguridad’, el informe denuncia que en España sigue siendo una práctica habitual los tratamientos forzados y la medicación administrada sin el consentimiento de la persona o en contra de su voluntad, así como la denominada ‘terapia electroconvulsiva’ y medidas restrictivas como el ingreso involuntario, los aislamientos o las contenciones mecánicas.
A este respecto, denuncia que no hay protocolo de actuación único ni normas mínimas a nivel estatal. El informe recoge como ejemplos de vulneraciones el fallecimiento de varias personas a las que les habían aplicado contenciones mecánicas en hospitales psiquiátricos de Asturias y Galicia, así como la falta de asistencia psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
Irene Muñoz destaca que el informe denuncia, entre otras cosas, «la falta de adecuación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la desconsideración de la doble vertiente social y sanitaria que tiene esta materia, o la carencia de garantías para que la persona ingresada acceda a la justicia en igualdad de condiciones con las demás».
La perspectiva de género, asignatura pendiente
«La perspectiva de género continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud mental», denuncia este documento, y añade que «no se cumplen los estándares internacionales» por lo que «este enfoque continúa excluido en materia de salud mental de manera injustificable».
Un año más, una de las principales vulneraciones de derechos es la violencia de género. A pesar de que 3 de cada 4 mujeres con problemas de salud mental han sufrido este tipo de violencia, todavía no existen recursos de acogida específicos para personas con trastorno mental.
«Las mujeres con problemas de salud mental se encuentran en ese estadio de la lucha por sus derechos en el que se cuestiona sistemáticamente su condición de víctimas bajo argumentos tales como que su relato no es veraz debido a su problema de salud mental«, asegura Irene Muñoz.
«Por lo tanto, estas mujeres se encuentran desprotegidas y excluidas de los recursos, incluso en las ocasiones en las que se constata la violencia, y sus derechos quedan desamparados», añade esta experta jurídica.
A esto se añade que»a muchas mujeres y niñas con trastorno mental se les priva de su derecho a fundar una familia y, aún más, se llega incluso a dañar su integridad corporal”. Prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo (sin su consentimiento) continúan vigentes en nuestro país, efectuándose bajo el paraguas de“lo que es mejor para ellas”, según se asegura en el informe.
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