El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del ‘procés’ soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ya cuenta con la documentación que exigió el pasado 18 de abril al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los datos en los que el ministro habría basado sus polémicas afirmaciones de que «ni un solo euro» de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O.
Según fuentes del alto tribunal, Hacienda remitió a lo largo de esta semana un ‘pendrive’ con documentación que ahora podrá ser analizada por el magistrado.
Ya ese mismo 18 de abril, y ante las informaciones sobre la petición de Llarena a Montoro, Hacienda anunciaba que remitirían concretamente todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Catalunya desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma. Estos son los documentos que previsiblemente ya se encuentran a disposición del instructor de la causa por rebelión y malversación de caudales públicos que se investiga en el alto tribunal.
Las afirmaciones del ministro Montoro en una entrevista al diario El Mundo, según Llarena, vendrían a contradecir «las fuentes de prueba recogidas» en esta investigación judicial, obrantes en su mayor parte en diferentes informes elaborados por la Guardia Civil tras analizar diversas actuaciones y gastos del exGovern de Carles Puigdemont.
El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro estableció un sistema de controles reforzados en Cataluña desde el año 2015. Esta medida se adoptó, señalan, porque con la deriva política que estaba llevando la citada comunidad autónoma había peligro de que se desviasen fondos públicos de la prioridad de que se prestasen servicios públicos fundamentales, a asuntos no amparados por la Ley. Este control específico, además, estaba amparado por la Ley de Estabilidad.
Sin embargo, la medida se endureció en julio de 2017 y llegó al máximo con la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Además, el interventor de la comunidad autónoma tiene que emitir un certificado de cada contrato o cada pago que realiza la Generalitat, explicar el objeto y constatar que se realiza de acuerdo con la Legislación. Toda la información está basada en los certificados emitidos y en los registros informáticos de todas las operaciones.
Sin embargo, hasta ahora esta información no se había puesto a disposición del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga el ‘procés’, porque éste no la había solicitado, según explicaron en su día fuentes ministeriales. (EP)
