Una causa judicial que permanecía bajo secreto desde 2018 ve la luz justo ahora. No es casualidad. Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, ha denunciado hoy el «uso político» de una investigación que durante siete años no ha dado acceso ni siquiera a los investigados para conocer las actuaciones.
El «timing» lo dice todo
Los hechos hablan por sí solos. Desde 2018, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona investiga presuntos amaños normativos a cambio de pagos empresariales. Siete años de secreto absoluto. Siete años sin que los afectados pudieran acceder al expediente, defenderse o aclarar extremos.
Y de repente, la causa se filtra a los medios y se utiliza «políticamente de manera inmediata», ha denunciado en un comunicado Equipo Económico. El despacho habla de «daño reputacional irreparable» tras décadas de trayectoria intachable.
Secreto anómalo, filtración estratégica
«Haber permanecido el procedimiento judicial durante más de siete años en una situación de secreto de las actuaciones» es, en palabras del despacho, «algo absolutamente anómalo».
Más grave aún: «Incluso a día de hoy inexplicablemente no se nos ha permitido acceder a lo actuado en el procedimiento judicial en el último año».
La cronología resulta elocuente. Durante todo este tiempo, «no se ha dado a Equipo Económico posibilidad alguna de aclaración, explicación o contradicción de la información publicada».
Pero tras siete años de silencio administrativo, la causa se hace pública coincidiendo con el momento político más oportuno para causar daño.
Las normas que nunca fueron cuestionadas
Los cambios normativos bajo sospecha presentan una particularidad: fueron aprobados por las Cortes Generales siguiendo «los exigentes trámites previstos en nuestro ordenamiento».
Pasaron por órganos consultivos, fueron objeto de debate, enmienda y aprobación parlamentaria.
Más revelador aún: estas normas permanecen vigentes e intactas. «No han sido modificados en los muchos años transcurridos desde su aprobación», subraya el comunicado.
Su «validez y constitucionalidad no han sido cuestionadas en ningún momento ni por ningún partido político ni por ningún gobierno ni por ninguna otra institución».
Si existían dudas sobre su legalidad, ¿por qué ningún ejecutivo posterior las ha derogado? ¿Por qué permanecen intactas en el ordenamiento jurídico?
Conjeturas sin indicios
Equipo Económico es categórico: «En la causa no se recoge ningún indicio que soporte esa conjetura» sobre presuntos amaños.
La firma «niega rotundamente haber pagado dádiva, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna».
Para el despacho, «asegurar que esos cambios se produjeron por decisión particular en interés de terceros, es una suposición absolutamente infundada». Una acusación basada en «conclusiones sesgadas» y «absolutamente erróneas».
Recurso y contraataque
La respuesta legal no se ha hecho esperar. Equipo Económico ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona en la que denuncia «graves irregularidades advertidas en la causa desde su inicio».
El recurso solicita directamente la nulidad de las actuaciones.
Paralelamente, el despacho se reserva «el derecho de ejercer cuantas acciones legales sean precisas, incluso de orden penal, contra quien vierta acusaciones infundadas o difunda informaciones falsas».
