El partido político Vox ha interpuesto una querella criminal ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) contra Roger Torrent y tres miembros más de la Mesa del Parlamento de Cataluña —Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Alba Vergés— por los delitos de prevaricación y desobediencia, al admitir la tramitación por el Pleno de la modificación de la Ley de Presidencia de la Generalidad y del Gobierno de Cataluña, que finalmente fue aprobada por dicho Pleno el día 4 de mayo.
«La admisión a trámite de la citada ley», de acuerdo con este partido, «incurre en los referidos delitos, puesto que a pesar de las advertencias que les fueron notificadas personalmente por el Tribunal Constitucional a los querellados, mediante las medidas cautelares acordadas en el auto del citado tribunal (auto 5/2018), éstos desobedecieron lo ordenado admitiendo a trámite la modificación ilegal».
Así mismo, la ley admitida a trámite y aprobada por ese Pleno había contado con el previo informe desfavorable del Comité de Garantía Estatutarias así como de los letrados del Parlamento catalán.
«Esto», según Vox, «hace todavía más grave la actitud prevaricadora y desobediente de los querellados en un absoluto desprecio a la Constitución, al Estatuto de Cataluña y el reglamento del Parlamento catalán».
Detención de Torrent y los tres miembros de la Mesa
Vox, en su querella, solicita con carácter urgente la detención, puesta a disposición judicial e ingreso preventivo en prisión, sin fianza de Torrent, Costa, Campdepadrós y Vergés.
También solicita, como medida cautelar, que se prohíba la celebración de cualquier acto, pleno, sesión o reunión que someta a votación y/o, en su caso, aprobación y ejecución de la referida Ley de Modificación de la Ley 13/2018 de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión del día 4 de mayo de 2018 a raíz de la propuesta del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tramitada con el número 202-00002/12, con remisión de los mandamientos necesarios al Presidente del Parlamento de Cataluña para el cumplimiento de dicha prohibición.
