Colegio de Abogados de Madrid, en la calle de Serrano. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El ICAM pide no hacer un uso político de la Justicia tras el caso de «la manada»
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10/5/2018 00:05
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Actualizado: 10/5/2018 01:51
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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) defiende los «criterios» de los jueces del tribunal que dictó la sentencia del juicio de La Manada, al tiempo que ha considerado que el legislador y el poder ejecutivo deben «abstenerse de hacer una utilización política de la Justicia«.
En un comunicado, el Colegio de Abogados subraya que «España es un Estado de Derecho que ofrece todas las garantías a las víctimas y a los acusados», donde corresponde únicamente al tribunal la valoración de la prueba, la interpretación de la ley y el conocimiento de la jurisprudencia, y «ante las posibles discrepancias», existe la posibilidad de recurso.
Recuerdan que «La Constitución encomienda a jueces y magistrados profesionales la misión de impartir justicia de forma independiente e imparcial y, por tanto, no sólo con la capacidad sino con la ineludible obligación de sustraerse a corrientes de opinión pública intensas, altos niveles de protesta o fuertes presiones mediáticas; en definitiva, con la obligación de sustraerse a‘juicios paralelos’».
Desde el ICAM insisten en que «El derecho a la libertad de expresión y opinión debe respetarse, en toda su extensión y de forma natural, cuando tiene como objeto la crítica, incluso acerada, de decisiones judiciales que producen conmoción en una parte importante de la sociedad civil», señala el Colegio.
No obstante, remarcan que «este hecho no debe ir en detrimento» de la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
También opinan que «sería conveniente» la especialización con perspectiva de género» de los jueces que conocen este tipo de delitos.
También añaden que «cualquier reforma del Código Penal para valorar si la tipificación de los delitos contra la libertad e intimidad sexuales» debería contar también con la participación de la Abogacía, «por ser ésta una parte relevante de nuestras instituciones y actor esencial de nuestro Estado de Derecho».
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