La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, María del Carmen Rodríguez-Medel, ha imputado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los supuestos delitos de falsificación de documento público y cohecho, en el marco de la investigación del denominado «caso máster».
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), está citada a declarar el próximo 26 de junio.
La imputación de Cifuentes se produce después de que ayer la jueza escuchará como investigadas a Amalia Calonge, la funcionaria que habría modificado la notas, y Cecilia Rosado, una de las profesoras que integraban supuestamente el tribunal que examinó a la expolítica de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).
También conoció la versión de la docente Alicia López de los Mozos, la profesora que negó haber presidido dicho tribunal y que, tras su testifical, se modificó su situación procesal de testigo a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien dimitió el pasado 25 de abril como máxima autoridad madrileña, también ha renunciado a su condición de diputada, es decir, ha perdido su aforamiento y puede ser investigada por un juzgado ordinario.
Cifuentes, que ha pedido el reingreso en la Universidad Complutense, será investigada por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.
Cohecho impropio
El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. Está regulado en el Capítulo V del nuevo Código Penal entre los artículos 419 y 427 bajo el título de ‘Delitos contra la Administración Pública’.
Fuentes jurídicas han especificado a Europa Press que en el caso de Cifuentes el cohecho que se le atribuye es el relativo al artículo 422, el mismo que se dio en el caso de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps. Se trata del cohecho pasivo impropio.
En su caso, el expresidente valenciano fue absuelto. Esta infracción conlleva una pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.
Este delito se basa en el hecho en que una autoridad o funcionario público admite dádiva o presente por el hecho de la función pública que representa. En su caso, el «regalo» fue recibir el título del máster de la universidad, según las mismas fuentes.
Falsedad documental
Respecto al delito de falsedad documental viene recogido en el Capítulo II del Código Penal. El artículo 390 contempla que «será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad».
Especifica que está falsedad se refiere a alterar «un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial» o simular «un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad», entre otros aspectos.
Ya son cinco los investigados por el ‘caso máster’ que se encuentra aún en fase de instrucción por lo que no se descartan más imputaciones. La de Cifuentes es la última tras la de Calonge, Rosado, López de los Mozos y la del ex director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde.
La declaración de Álvarez Conde está prevista para el 6 de junio.
