El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye por el ‘procés’ de Catalunya, ha decidido dividir la causa en dos piezas separadas, la principal, con todos aquellos que están puestos a disposición de la justicia y otra con los siete declarados en rebeldía, al considerar que «existen elementos suficientes para que sean juzgados de forma independiente».
Los siete investigados, declarados en rebeldía, son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (en Alemania), los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig (en Bélgica) y Clara Ponsatí (en Escocia) y también la secretaria general de ERC, Marta Rovira y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, huidas a Suiza.
Así en una providencia, firmada el 8 de mayo, el magistrado Llarena subraya que ha adoptado esta decisión, de acuerdo con el art. 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras constatar que la diferencia de ritmos podría dilatar el proceso e impedir su objetivo de que los hechos se juzguen este mismo año.
Además, en la misma providencia, el instructor pide a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, los correos electrónicos de los mandos de los Mossos d’Esquadra y la relación de llamadas entre los investigados, respecto de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre en la Consellería de Economía y al referéndum del 1-O.
También pide al magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga el referéndum independentista del 1 de octubre, diversas actuaciones como el informe de la Guardia Civil sobre malversación de fondos públicos en los preparativos y ejecución del 1-O con facturas y evidencias.
Requiere además los informes sobre el contenido de la agenda moleskine intervenida a Josep María Jové, considerado organizador del referéndum del 1-O y diputado en la actual legislatura, y sobre el análisis de la documentación intervenida en su despacho.
Llarena propone a Alemania entregar a Puigdemont por sedición
Llarena también ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en el que plantea la opción de que entregue al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por un delito de sedición.
Fuentes del Supremo han confirmado a Efe el envío de este documento, adelantado por La Vanguardia, con el que el juez plantea esa posibilidad en el caso de que los jueces alemanes consideren que no se dan los requisitos para entregar a Puigdemont por un delito de rebelión al no apreciar la concurrencia del requisito de violencia.
Pide a los magistrados alemanes que se centren en los hechos que figuran en los informes remitidos más allá de su calificación jurídica. Es decir, que analicen si un intento de romper la Constitución, aunque fuera sin violencia, no sería delito en Alemania; si un intento de segregación de un land no sería delictivo.
La diferencia entre ambos delitos radica en que la rebelión implica el uso de la violencia para obtener ese tipo de fines, en tanto que la sedición conlleva un alzamiento «tumultuario».
