La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha imputado al antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y a Nicolás Mateos, que fue jefe de Gabinete de la ministra socialista Beatriz Corredor, por un contrato de publicidad que pudo financiar irregularmente al PSPV.
En su auto constata «irregularidades» en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio en 2009.
Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora, tras interrogar a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda este viernes, ha acordado investigar en los mismos hechos a estas dos personas por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.
Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos «redactó o firmó» el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y «la declaración de urgencia» del procedimiento. Ambos deberán comparecer el próximo día 21.
También ha citado para este mismo día a la que fuera jefa de prensa del Ministerio, Eva Cuesta y a la que ejerció como abogada de Estado del Ministerio de Vivienda, Irene Domínguez-Alcahud. La ronda de citaciones continuarán el día 30 de mayo con las comparecencias de Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorite y Andrés Lara.
La juez de Plaza de Castilla de Madrid les llama a declarar para que den su versión sobre el informe pericial que solicitó el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia cuando arrancó la investigación por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc –partido mayoritario en Compromís– antes de inhibirse al juzgado madrileño.
Este informe cuestiona que el director del Gabinete de Corredor declarase la licitación realizada en octubre de 2008 como «urgente». Para el perito, «más que una urgencia parece una imprevisión» y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.
Asimismo, el experto detalla que también se incumplió de forma «más grave» el pliego de cláusulas por abrir la oferta económica «sin disponer de los informes técnicos» y, por tanto, sin poder valorarlas. Pese a existir documentación «incorrecta» de empresas licitadoras, «no se espera a subsanar esta» para abrir la documentación técnica y en los oficios de remisión para el estudio técnico se hace referencia a una empresa que no licitó en ese contrato, indica el informe. (EP)
