La red Hispajuris presenta un centenar de demandas contra los fabricantes de camiones

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Esta semana han quedado presentadas cerca de un centenar de demandas, dirigidas contra los fabricantes europeos de camiones que fueron sancionados por pactar un sobreprecio a sus vehículos. Dichas reclamaciones han sido realizadas por Hispajuris, la firma de abogados integrada por 36 despachos asociados en toda España, que representa a más de 19.000 afectados.

Como ya es conocido, el 19 de julio de 2016 la Comisión Europea hizo público que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido -durante el periodo 17 de enero de 1997 a 18 de enero de 2011- una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones.

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Por esta razón, la Comisión Europea sancionó a los fabricantes de camiones MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco y DAF, por infringir el art. 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y el art. 53 del Acuerdo EEE, que prohíbe cárteles y otras prácticas restrictivas de la libre competencia. Por estas infracciones, la Comisión impuso una multa récord de 2.930 millones de euros.

Según Javier López y García de la Serrana, presidente de Hispajuris, la presentación de estas demandas supone un primer paso, de ahí que hayan sido un centenar pues coincide con el número de juzgados de lo Mercantil que hay en España dado que se pretende saber la posición que adoptará cada uno de  estos órganos judiciales ante estas reclamaciones.

A este primer centenar de demandas se irán sucediendo otras miles en los próximos meses y añade que “la firma HISPAJURIS representa los intereses de propietarios de más de 19.000 vehículos adquiridos durante el periodo en que el cártel de camiones tuvo lugar (1997-2011), de modo que tras el esfuerzo invertido en la preparación de esta complicada demanda, confiamos en obtener un resultado positivo que permita resarcir de este daño a los miles de afectados de toda España que han confiado en Hispajuris para defender sus intereses.”

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Las demandas, que van traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco según el fabricante demandado, se acompañan de un informe pericial que viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido por las distintas empresas en el periodo en el que el fabricante estaba participando en el cártel a través de varios métodos comparativos (comparación diacrónica, comparación con otros mercados geográficos y comparación con datos de otros mercados de productos) y de simulación (métodos de simulación y métodos basados en costes y métodos financieros).

Javier López y García de la Serrana, presidente de Hispajuris.

Demandas presentadas en diferentes ciudades

Han sido presentadas ya demandas en Granada, Barcelona, La Coruña, Lugo, Orense o Pontevedra, entre otras provincias, sobre la base de que, el 19 de julio de 2016, la Comisión Europea hiciera público que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido, entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, “una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones”

El estudio ha sido realizado por un nutrido equipo de economistas, miembros del Departamento Forensic Accountants (pérdida de beneficios y riesgos financieros) del Grupo Addvalora, y por el profesor de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés Bergé Gil.

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En este sentido, resulta necesario destacar la labor de estudio e investigación realizada por los despachos Hipacolex Bufete Jurídico y AESYR & Abogados, ambos socios de Hispajuris en Granada/Málaga y Santander, respectivamente, que son los artífices del estudio y confección de la demanda, en colaboración con el resto de despacho de Hispajuris.

Nuevo modelo de despacho

Hispajuris constituye la firma de servicios jurídicos con mayor implantación territorial en España (36 sedes) y la única con abogados locales experimentados en todas las ciudades que conocen la realidad en la que opera la empresa, lo que permite prestar un servicio de proximidad y con un nivel de calidad homogéneo en todas las ciudades, en todas las áreas del derecho.

Asimismo Hispajuris representa un nuevo modelo de despacho global de abogados que aúna, de un lado, la fuerza del despacho local que conoce la realidad socioeconómica, administrativa, judicial y normativa de su entorno, y, del otro, los rasgos propios de grandes firmas como son la amplitud de especialidades gracias a los más de 600 profesionales integrados en las distintas áreas de práctica de la firma.

La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF) ya mostró su intención hace algo más de un año de demandar a los cinco fabricantes de vehículos industriales que fueron sancionados por la Comisión Europea por pactar precios, un caso que puede afectar a 200.000 personas en España.

Así, más de 200.000 españoles titulares de camiones podrían tener derecho a indemnización por el sobreprecio pagado entre 1997 y 2011. A mediados del pasado ejercicio, la Comisión Europea anunció una multa de 2.930 millones de euros contra MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, y DAF por “haber pactado los precios de venta de vehículos y de haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones”.

Esta red de despachos de abogados firmaba un acuerdo de colaboración con el despacho de abogados portugués GPA Abogados para atender en Portugal las reclamaciones de los transportistas afectados por el cártel de fabricantes de camiones sancionados por la Comisión Europea, en demanda de una compensación por el sobreprecio sufrido en la compra de vehículos.

Hispajuris, que ya atiende estas reclamaciones en toda España, extenderá su servicio al país vecino, con la colaboración de la firma portuguesa conveniada para este fin, con la que compartirá el conocimiento jurídico tendente a optimizar la defensa de los intereses de los afectados, así como los informes periciales precisos para sostener las demandas.

Las primeras sentencias en España sobre el cártel europeo de camiones tendrán lugar este año y los transportistas españoles afectados por este fraude dispondrán de un plazo de reclamación de hasta cinco años, que comienza a contar desde que la Comisión Europea (CE) imponga en firme una sanción contra Scania, quien decidió no participar en el proceso “amistoso” junto a las otras cinco marcas implicadas, y quede reflejada en el Diario Oficial de la Unión Europea.