Jordi Pina, el abogado de los recién nombrados consellers de la Generalitat, Josep Rull y Jordi Turull, ha asegurado que no confía en que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acepte su petición de ponerlos en libertad provisional para tomar posesión de sus cargos el miércoles 23 de mayo, fecha prevista por el presidente Quim Torra, y para ejercer después los cargos plenamente.
«No confío porque ya me ha demostrado en otros casos que el respeto al artículo 25 del convenio europeo de Derechos Humanos no es su fuerte», ha criticado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este domingo.
Pina ha reivindicado que Rull y Turull no han sido juzgados y que se debe preservar su presunción de inocencia, por lo que considera que tienen los «derechos intactos», aunque ha recordado que Llarena no aceptó su petición para que Jordi Sànchez y Jordi Turull pudieran presentarse a la investidura.
Aun así, ha destacado que lo piden porque tienen el derecho de hacerlo y que «lo razonable y lógico sería que lo acordara», pero no cree que Llarena lo acepte.
En un escrito presentado ante el Tribunal Supremo, el abogado solicita la «libertad provisional» de Turull y Rull al argumentar que «ambos diputados tienen el perfecto derecho de aceptar tales cargos, pues les ampara el artículo 23.2 de la Constitución, que reconoce su derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, sin que fuera legítimo discriminarles por tener la condición de presos».
Asimismo, ha reconocido que, si Llarena rechaza su petición, será «complejo poder ejercer este cargo a 600 kilómetros de distancia y cerrados en una cárcel».
Ha explicado que, si finalmente no son liberados, irá a visitar a Rull y Turull para saber si no quieren ejercer el cargo desde la prisión o, «si se pudiera hacer jurídicamente», creen que lo pueden ejercer, y que así lo transmitirá a Torra.
La petición de la defensa de Rull y Turull alega que han desaparecido las razones del auto del 23 de marzo que acordó su prisión preventiva, porque ese auto aducía riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Lo justifica recordando que ambos acudieron dos veces al llamamiento judicial, sabiendo que podían ir a la cárcel, y que hay arraigo familiar porque tienen hijos muy jóvenes y porque pretenden ejercer como consellers.
