El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Bacerlona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citado a declarar en calidad de investigados a cuatro exaltos cargos de la Consejería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña (Diplocat) que presuntamente estuvieron implicados en los pagos a los observadores internacionales que acudieron el 1 de octubre pasado al referéndum ilegal de independencia.
Según las citaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el próximo 6 de junio tendrán que ir a declarar Aleix Villatoro Oliver, secretario general del Departamento de Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia de la Generalitat y número dos de Raül Romeva; Marta Garsaball, directora de Servicios de la Consejería; Amadeu Alfataj, representante del Diplocat en la UE destinado en Bruselas y Albert Royo, secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública (Diplocat), con cuya tarjeta se abonaron los gastos de los observadores en Cataluña.
Según un informe de la Guardia Civil que obra en el sumario, la citada consejería gastó 217.656 euros en pagos por los observadores y los gastos que generó la estancia de estos en Cataluña. De esta cantidad, se realizaron dos pagos desde una cuenta de la delegación de la Generalitat en la UE, cuyo responsable era Amadeu Altafaj.
Estos pagos acreditados documentalmente suman 119.700 euros, según constaba en un primer informe de la Guardia ivil. El dinero correspondía a dos transferencias realizadas por la delegación del Gobierno de la Generalitat en Bruselas a la sociedad The Hague Centre for Strategic Studies, que envió a los observadores. A esa cifra se suma el compromiso adquirido de pagar otros 47.365 euros, aunque la Guardia Civil dice desconocer si se llegaron a abonar o no.
La persona autorizada en esa cuenta es Marta Garsaball Pujol, también citada para el 5 de junio como investigada, y la que firmó las las declaraciones responsables de las citadas transferencias. Según esas declaraciones responsables, las órdenes de pago se dieron el 28 de diciembre de 2017, sin embargo, las transferencias habían sido realizadas el 21 de septiembre y el 10 de octubre.
Otro de los exaltos cargos del Diplocat citado por el juez es Albert Royo Mariné, con cuya tarjeta Diners se abonaron los vuelos de observadores para el 1 de octubre así como los hoteles en los que se alojaron los mismos y que sumaban más de 40.000 euros.
CITADOS ALGUNOS DETENIDOS EL 20-S
El magistrado también ha acordado la citación para el 26 de junio en calidad de investigados de cuatro de los detenidos en la operación Anubis, llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre con el fin de desmantelar la organización del referéndum ilegal.
Se trata del director de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias; David Franco Sánchez y David Palanques Bonavía, ambos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y Xavier Puig Farré, responsable del Área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, presuntamente relacionado con el voto por correo de los catalanes en el exterior.
La Guardia Civil tiene registradas algunas conversaciones de Francec Sutrias posteriores a su detención en las que calificaba a los agentes de «99,9 periodo de encefalograma plano» y aseguraba que había sido «muy interesante vivir un par de días como detenido en un cuartel de la Guardia Civil para entender la lógica profunda del Estado». Los investigadores atribuyen a Sutrias la autoría del manuscrito encontrado en el despacho de Lluis Salvadó en el que se exponía una hoja de ruta para la independencia.
Entre las citaciones que el juez Ramírez Sunyer ha fijado para los próximos días, en este caso en calidad de testigos, también están las de Joan Ignasi Sánchez Santín, asesor del departamento de gobernación como técnico informático que también fue detenido el 20-S; Edouard Vila Marhuenda, director de la Agencia Tributaria Catalana; al presidente de T-Systems Iberica, Osmar Polo Correa; Andreu Palacín Ciprian, cuyo nombre ya aparecía en una lista de personas a las que se iba a investigar las cuentas por parte del Sepblac junto con Enric Ocaña Rodríguez, jefe del área de Innovación y programas estratégicos, también citado.
PIDE A T-SYSTEMS EL COSTE DEL REGISTRO DE CATALANES EN EL EXTERIOR
El juez no sólo ha citado al presidente de T-Systems, sino que ha pedido a la empresa informática la documentación existente sobre la solicitud de mejora del Registro de Catalanes en el Exterior, presuntamente utilizado para utilizarlo el 1-O, así como la documentación que acredite el coste total de la aplicación y del servicio de encuestas asociado al mismo, es decir, las facturas y los justificantes de las transferencias.
Además, ha reclamado al Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, que instruye el concurso de acreedores de Unipost –la empresa encargada del envío de la documentación electoral que fue intervenida por la Guardia Civil y cuyo trabajo se ha valorado en casi un millón de euros– que remita la lista de acreedores y fechas de los créditos presentada por la sociedad y en su caso, la lista de créditos reconocidos por la intervención. (EP)
