El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha anulado la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora Gestión por parte del Gobierno regional en 2013 al considerar que dicha adjudicación «no se ajusta a derecho» y no está justificada por ningún «informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal».
En concreto, el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que «no eran necesarias». Sin embargo, alegan que esta afirmación ni está explicada ni justificada.
«No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna», argumenta la sentencia. Se indica además que falta el «requisito de innecesariedad de dichas promociones de patrimonio de la Comunidad de Madrid» y que la venta «supone toda una alteración del programa de actuación del IVIMA».
Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones).
Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
La anulación de esta venta viene recogida en la misma sentencia por la que este juzgado estima la demanda de una vecina de Navalcarnero por la que se anula la transmisión de su contrato de alquiler del IVIMA al fondo buitre.
Cabe recurso de apelación contra dicha sentencia en el plazo de quince días.
COMPROMISO DE NO VENDER NINGUNA VIVENDA
Por su parte, fuentes del Gobierno regional han indicado a Europa Press que, por el momento, no tienen notificación de la sentencia y que cuando tengan acceso a ella, se estudiará con detenimiento de cara a decidir si se interpone un recurso o no ante el fallo.
Asimismo, recuerdan que esta operación se realizó por el anterior Ejecutivo autonómico y que el actual ha manifestado su compromiso de no vender ninguna vivienda de la Agencia de Vivienda Social, denominación actual del Ivima.
A su vez, exponen que este fallo constituiría la primera sentencia «negativa» sobre esta transacción, pues ha habido otras favorables, y que ello podría ser un argumento de cara a un posible recurso. (EP)
