El Pleno del Tribunal Supremo valorará el enfrentamiento entre inquilinos afectados y fondos buitre el próximo mes de abril. Foto: Confilegal
José Mariano Benítez de Lugo: «los fondos buitre me amenazan con acciones penales»
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14/2/2025 05:35
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Actualizado: 14/2/2025 06:53
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El Tribunal Supremo fallaba el pasado diciembre contra los fondos buitre, que afectaban a cientos de personas. Una realidad ante la que el alto tribunal volverá a pronunciarse el próximo mes de abril. Una lucha judicial en la que las «coincidencias» se unen a las amenazas al abogado de los afectados, y a los desahucios que afectan a muchos de los inquilinos.
En 2013, el gobierno municipal de Ana Botella vendía más de 1.800 viviendas a un fondo buitre. En concreto, a la sociedad instrumental Fidere. Una venta en la que la dirigente popular ofrecía estas viviendas de protección oficial por cifras entre los 50.000 euros y los 70.000 euros.
Situación que pronto llegaba a los tribunales.
«Todo empezó en primavera de 2014. Vinieron a verme cinco mujeres, inquilinas de las viviendas sociales de la AVMS, que se enteraron de que se habían vendido a un fondo buitre», explica el abogado que lleva más de 300 casos de vecinos afectados, José Mariano Benítez de Luego.
Una visita que comenzó diversos procedimientos judiciales que han llegado hasta el Tribunal Supremo. Y que, el próximo 2 de abril, contarán con la decisión del Pleno del alto tribunal.
Las «casualidades» del proceso frente a los fondos buitre
«Presentamos varias vías judiciales», explica el letrado a Confilegal.
La primera de ellas, una «vía en el Tribunal de Cuentas, con el informe de la cámara de cuentas de Madrid, que destacaba que no se había tenido en cuenta los intereses de los inquilinos».
Informe que, sin embargo, «desaparecía» del informe definitivo. Impedimento que no fue suficiente para desistir, estimando finalmente el Tribunal de Cuentas la demanda presentada. Y así, «condenaron a la señora Botella, y al consejero delegado de la AVMS a 25 millones de euros».
Victoria que tardaba poco en ser revocada, a través de un recurso presentado ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que revocó la sentencia. Un fallo que el abogado recuerda que fue «escandaloso» debido a un dato en particular.
«En la Sala eran tres miembros. Uno, fue voto particular que decía que se tenía que mantener la sentencia. Y de los otros dos, una había sido ministra con José María Aznar, esposo de la condenada, Margarita Mariscal. Por una cuestión de ética, tenía que haberse abstenido, pero no lo hizo», lamenta.
Del mismo modo, Benítez de Lugo también iniciaba una vía penal ante los fondos buitre. «Celebramos el juicio, con muchas sesiones. Y la sentencia fue absolutoria, con una argumentación alucinante», lamenta. Y en la que, nuevamente, también una «casualidad» judicial llamó la atención del letrado.
«La ponente era juez sustituta. Es absurdo que un caso de semejante relevancia lo llevase una juez sustituta que, a los 20 días, cesó. Y esta mujer era consejera y accionista de una sociedad dedicada al alquiler de viviendas», recuerda.
El Pleno del Tribunal Supremo se pronunciará en abril
Por último, el abogado de los afectados por los fondos buitre apostaba por la «vía de los retractos».
«El juzgado desestimó la demanda de retracto. Pero ganamos el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en 2019. Y así, se reconocía que la gente tenía derecho a retracto. Es decir, que tenían derecho a comprar la vivienda en el mismo precio que las había comprado Fidere. Entre los 50.000 y 70.000 euros», destaca Benítez de Lugo.
Una victoria que volvió a repetirse en la Audiencia Provincial, estimándose las pretensiones de cerca de 50 inquilinos.
«Yo ya tenía dos sentencias de la AP que reconocían los derechos de los inquilinos. Y ahí, el fondo buitre cambia de abogados. Y me amenazan con acciones penales. Alegando fraudes, etc. Nunca me ha llegado ninguna«, afirma.
Primera sentencia de la AP que llegaba ante el Tribunal Supremo. Alto tribunal que, este 2024, cinco años más tarde, daba la razón al abogado en su sentencia del 28 de noviembre.
«A todo esto, el otro juicio, que yo había ganado, que era una sentencia del 2021, el Supremo decide para votación y fallo, el 5 de febrero de este año. Era el mismo ponente, cosa que me parecía positiva. Pero decidieron que, dada la trascendencia del tema, sea el Pleno del TS el que resuelva la cuestión», explica ahora el abogado.
Una decisión señalada para el 2 de abril de 2025. Y que podría suponer un nuevo comienzo para los centenares de afectados de los fondos buitre para recuperar, de forma definitiva, sus hogares.
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