Los afectados por los fondos buitre, a pesar de contar con una sentencia positiva del Supremo, parecen avocados al desahucio. Foto: EP
El Decreto Ómnibus protege del desahucio a los okupas, pero no a los afectados por los fondos buitre, aunque tengan cáncer
|
13/2/2025 05:35
|
Actualizado: 13/2/2025 11:14
|
Los afectados por los fondos buitre, al borde del desahucio, se han visto «abandonados» por el nuevo Decreto Ómnibus, aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Un escrito en el que no se contempla la vulnerabilidad social de estos inquilinos, aunque sí se establece esta realidad social de los okupas ilegales. Una pelea que también llega a los tribunales, donde las prórrogas de lanzamiento se van acumulando, a la espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre estos propios fondos buitre y la legalidad de su propiedad.
«Todo empezó en primavera de 2014» explica el abogado José Mariano Benítez de Lugo. Un momento en el que cinco mujeres acudieron a su despacho de Madrid para ser representadas contra los conocidos «fondos buitre» que compraron sus viviendas.
Solicitudes que han aumentado con el paso del tiempo. «Llevo unos 300 casos de desahucios, que son contra dos fondos buitre, Blackstone y Goldman Sachs«, explica.
Unos casos ante los que el famoso abogado «sigue luchando». No solo de cara a conseguir evitar el desahucio de los inquilinos, sino también de cara a los propios jueces que gestionan estos casos. «La mayoría de los jueces no son capaces de comprender que eran contratos de adhesión y que hay situaciones de vulnerabilidad que no se valoran debidamente. El 99% de los casos», lamenta.
«Empezamos los juicios de desahucios en 2019. Y lo voy alargando con recursos, pero hay muchos que ya están en el ‘corredor de la muerte’ para acordar el lanzamiento de esas familias», asegura.
Una situación que se sigue produciendo, a pesar de que la titularidad de estas propiedades se encuentra actualmente sobre la mesa del Tribunal Supremo, contando ya con una sentencia favorable del alto tribunal al respecto.
«No se puede tratar un desahucio en base a la propiedad del fondo buitre, cuando ésta se está discutiendo con una sentencia de retracto. Es absurdo», destaca Benítez de Lugo. «Si la familia tiene derecho a la compra, no se le puede desahuciar de cara a los intereses de una entidad que no tiene derecho sobre esa propiedad».
Situación ante la que el abogado ve un fallo del legislador. Ello, debido a que pone en el juez la decisión de acordar o no la suspensión del lanzamiento de desahucio.
«Creo que debería prohibirse el lanzamiento siempre que no haya alternativa habitacional. Algo que el TJUE y el comité de derechos económicos, sociales y culturales de la Unión Europeo ya contemplan. Si hay menores o mayores dependientes, no cabe el lanzamiento salvo que haya alternativa habitacional. En España, ninguna de las administraciones, independientemente del partido, tiene esa alternativa. Y, pese a eso, se acuerdan los lanzamientos», lamenta.
El Decreto Ómnibus se olvida de estos desahucios
Falta de alternativa habitacional ante la que el abogado se encuentra con una dinámica de prórrogas de apenas seis meses para los afectados de desahucios. Algo que vuelve a estar contemplado en el artículo 72 del renovado y recortado Decreto Ómnibus.
«El legislador, el Gobierno, en el artículo 72, mezclando churras con merinas. Modificación del Real Decreto 11/2020. Un decreto que se hizo en plena pandemia. Lo que da margen a que un juez diga que como era sobre el Covid, ya no aplica. dice que la suspensión de desahucios es, si se acredita la vulnerabilidad económica. Pero olvida la vulnerabilidad social. Y, sin embargo, a los okupas sí se les contempla que haya personas dependientes o menores de edad. Pero no para los legítimos ocupantes de las viviendas de los fondos buitre. Y como no hay alternativa habitacional, a la calle», lamenta.
«Tengo una familia desahuciada, en la que está acordado el lanzamiento, que es una chica joven, que cuida de su madre, con esquizofrenia, y con su abuela de 100 años, encamada«, asegura Benítez de Lugo.
Una situación que se repite en los muchos casos de desahucio de fondos buitre que gestiona. «Una mujer, con cáncer de mama y cuatro hijos menores». Otro, con una discapacidad del 80%, esperando el desahucio.
«A ellos, les dan la prórroga año tras año. Sin embargo, han modificado una ley de 2013, permitiendo durante 15 años que no se pueda lanzar a los deudores hipotecarios hasta 2028. Sin embargo, a los no deudores, a los que se les ha cancelado de forma injusta su contrato, las prórrogas son anuales», critica. Todo ello, por un fondo buitre.
Una solución ante la que es difícil negociar. «Me ofrecen dos alternativas: o dar un par de meses más para encontrar una nueva vivienda, con los precios actuales de los alquileres. Lo que para ellos supondría pasar de un alquiler de 500 o 600 euros, a pagar 1.200 euros. O bien, un nuevo contrato, pero con renuncia al retracto. Lo que implica perder la posibilidad de comprar la vivienda al precio que lo compró el fondo buitre», señala.
“Están mal llamados los fondos buitre. Porque los buitres se alimentan de carroña, y estos comieron un banquete de saneadísimas viviendas”, destaca el abogado. Una realidad ante la que, sin embargo, Mariano Benítez de Lugo no piensa rendirse. «No les puedo abandonar. Tengo que seguir luchando por mis clientes. Por cada uno de ellos», concluye.
Noticias Relacionadas:
