En vísperas de la moción de censura que estos dos próximos días tendrá que afrontar el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se celebró esta Conferencia Sectorial entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas (CCAA) con competencias transferidas. Rafael Catalá, titular de Justicia, en su resumen a los periodistas, destacó que en el primer año de los juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo se habían recibido 250.000 demandas de las que se han tramitado 30.000 únicamente.
A pregunta de este periodista, el Ministro de Justicia no se mostró partidario de dar un bandazo y buscar un plan nuevo de cara a gestionar el aluvión de demandas que siguen llegando a estos juzgados creados hace ahora un año. No obstante dejó esa decisión para la próxima reunión del próximo 12 de junio donde CGPJ, Ministerio y CCAA decidirán si se sigue con el método establecido o se cambia de rumbo.
Catalá afirmó que no acaba de entender que el PNV, después de apoyar los presupuestos generales del Estado, pueda plantearse dar respaldo a la moción de censura del PSOE y ha asegurado que oficialmente el Gobierno no tiene información de que haya decidido su voto. Para el ministro de Justicia en estos momentos no hay planes porque el resultado de la moción es «imprevisible» y hasta que no se vote todo son «conjeturas y especulaciones».
Otras cuestiones que se abordaron en esta Conferencia Sectorial tuvieron que ver con la última huelga del pasado 22 de mayo y la voluntad del Ministerio de Justicia que este tipo de situaciones no se produzcan. Catalá señaló que la reforma de la LOPJ y los futuros presupuestos del Estado del 2018 ayudarán a crear nuevas plazas de jueces y funcionarios.
A este respecto comentó que se había creado un grupo de trabajo que dependa de dicha Conferencia sectorial para abordar todo lo relacionado a las relaciones laborales y necesidades de personal en las CCAA. Para Catalá con la ley de presupuestos y con las reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de otras medidas que están en esta Cámara se pueda dar respuesta a las reivindicaciones de los profesionales de la justicia.
Rafael Catalá manifestó su deseo de que en breve el Senado apruebe los presupuestos generales del Estado que «va a dotar de muchos más recursos» a la justicia. Y explicó como ejemplo las «trescientas nuevas plazas de oferta de empleo público de jueces y de fiscales y otras 3.700 de los cuerpos de funcionarios, más de cincuenta millones de euros para reformar las sedes judiciales y 131 millones que permitirán avanzar en todos los procesos de modernización de la justicia».
En este encuentro de trabajo también se abordó la cuestión tecnológica. Catalá confeso que ante la falta de voluntad política de las CCAA por crear un sistema de gestión procesal común, una propuesta realizada desde el propio Ministerio de Justicia, ahora se trabajaba en que los diferentes sistemas existentes en cada CCAA fueran interoperables entre sí. En esa coordinación tecnológica se invertirán cerca de 132 millones de euros en el próximo año.
Por último, el Ministro de Justicia informó a las CCAA de los proyectos de ley que están ahora mismo en el Parlamento y que ascienden a catorce. De esta forma citó únicamente, sin entrar en detalles de iniciativas como la reforma de la LOPJ, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ley orgánica de derecho a la defensa, reforma del Código Penal o la prisión permanente revisable entre otros
Galicia pide al Ministerio de Justicia ayuda
Por su parte, a nivel de Comunidades Autónomas con competencias transferidas solo comparecía ante los periodistas la Comunidad Gallega. El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pedía públicamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que «se implique» en el plan que ha iniciado el Gobierno gallego para «poner al día los juzgados» tras la huelga de funcionarios y que asuma el coste extra de jueces y fiscales gallegos.
En declaraciones a los periodistas, tras la Conferencia Sectorial de Justicia, Rueda aseguraba haber pedido a Catalá que se haga cargo de «remunerar» el trabajo extra que están llevando a cabo jueces y fiscales, ya que, según dicen, es competencia del ministerio.
El vicepresidente gallego afirmaba que se está realizando un «análisis de cada juzgado y de la carga de trabajo que tiene atrasada» con el objetivo de establecer el coste necesario para dar respuesta a todos los procedimientos pendientes.
Rueda calificaba de «especialmente interesante» para Galicia la creación de un «órgano estable» en el que poner en común «las diferentes decisiones» que tome cada una de las comunidades autónomas en materia de «relaciones laborales y retribuciones a los funcionarios».
