Mariano Rajoy podrá acceder a las prerrogativas reservadas a los expresidentes del Gobierno, que incluyen una oficina con dos empleados, pero no podrá percibir pensión indemnizatoria si no renuncia al escaño de diputado del Congreso.
Desde 1992 rige un decreto que regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno y que actualmente afecta a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, a los que ahora se unirá Mariano Rajoy.
Según esta norma, los expresidentes de Gobierno gozarán siempre «de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo».
De entrada, y aunque hayan cesado de sus funciones, deben ser tratados como ‘presidente’, ocuparán un lugar protocolario especial en los actos institucionales y cuando viajen al extranjero podrán contar con apoyo diplomático de las embajadas.
Rajoy, al igual que los demás, podrá disponer de una oficina de representación, a cuyo servicio se adscribirán dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.
Este personal, que se incluirá en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno, tendrá la consideración de ‘personal eventual de gabinete’ y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.
Además, se le facilitará una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado.
Así, en el proyecto presupuestario de 2018 que actualmente tramita el Senado se incluye una partida de 223.740 euros a repartir entre todos los expresidentes, lo que hasta ahora representaba unos 75.000 euros al año por cabeza.
Igualmente, se deberá poner a disposición de Rajoy un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado, los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estimen necesarios, y disfrutará de «libre pase» en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.
La normativa prevé además una pensión indemnizatoria, como las del resto de miembros de Gobierno, que supone cobrar durante dos años el 80% de su sueldo de presidente, pero esta compensación es incompatible con otra retribución pública, por lo que Rajoy deberá renunciar al escaño de diputado quiere percibirla. EP.
