El nombre de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y el de Joaquín Giménez, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recientemente jubilado -tras dos décadas en el Alto Tribunal-, se abren con fuerza como candidata a suceder a Julián Sánchez Melgar al frente de la Fiscalía General del Estado, según ha podido pulsar Confilegal de fuentes bien informadas.
La fiscal es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), al igual que la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, y es miembro del Consejo Fiscal, para el que fue elegida en las recientes elecciones que se celebraron el 21 de marzo pasado. Fue la cuarta más votada.
El hecho de que sea mujer es de vital importancia.
Segarra, de 54 años, lleva como fiscal jefe de Sevilla desde el año 2004.
Su mandato fue renovado por tercera vez consecutiva en el año 2015. Entre los casos a los que ha tenido que enfrentarse, se encuentran el de Marta del Castillo o acusaciones en casos de corrupción como los ERE o Mercasevilla.
De ser elegida, sería la segunda mujer al frente de este cargo, después de Consuelo Madrigal.
Joaquín Giménez, por su parte, acaba de salir del alto tribunal tras cumplir 72 años. Magistrado progresista, Giménez siempre se ha distinguido por decir las cosas claras, blanco sobre negro. Frases como “los jueces no son monaguillos del poder político”, levantaron algunos sarpullidos en su momento.
Giménez nunca fue, hay que decirlo, un juez “apadrinado”, como define a aquellos jueces que siguen las consignas de los que los nombraron. Todo lo contrario. Recientemente se pronunció contra la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces, la carencia de medios que ahoga la justicia y la posibilidad de que vuelvan a la profesión los que están en política.
Sobre la instrucción, el magistrado es un convencido de que tienen que asumirla los fiscales.
En lo que se refiere a la causa del «procés», no ve delito de rebelión «pero sí puede haber sedición o desobediencia».
Fue el magistrado que presidió el tribunal que condenó en 2012 al magistrado Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación
