Joaquín Giménez, en una foto tomada desde el Centro Comercial Zielo, en Pozuelo de Alarcón, con Madrid detrás. Carlos Berbell/Confilegal.
Joaquín Giménez, magistrado emérito del Supremo a calzón quitado: «Aquí cuando dicen mérito y capacidad hay que salir corriendo»
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27/2/2018 06:20
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Actualizado: 27/2/2018 10:47
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Hasta hace cinco meses, Joaquín Giménez ha sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Giménez siempre se ha distinguido por decir las cosas claras, blanco sobre negro. Frases como «los jueces no son monaguillos del poder político», levantaron algunos sarpullidos en su momento.
Giménez nunca fue, hay que decirlo, un juez «apadrinado», como define a aquellos jueces que siguen las consignas de los que los nombraron. Todo lo contrario. No ha cambiado demasiado, ahora que ha pasado a la jubilación y a asumir la descripción de magistrado emérito. Sigue diciendo las cosas como las ve. De ahí nuestro interés en esta entrevista, que realizamos en el complejo Zielo, de Pozuelo de Alarcón, una tarde de febrero.
¿Qué piensa usted cuando, en el Consejo General del Poder Judicial, a la hora de nombrar a alguien para un puesto relevante, se apela al mérito y a la capacidad de los aspirantes?
Aquí cuando dicen mérito y capacidad hay que salir corriendo. ¿Dónde se regula lo que es mérito y lo que es capacidad? Este te toca a ti, este me toca a mí. Han habido casos, con datos objetivos, donde no justificaban el nombramiento que se habían hecho frente a otros candidatos. Lo repito. Para echar a correr. Debería haber estado regulado hace mucho tiempo.
Los últimos nombramientos que se han producido en el CGPJ han provocado muchas críticas.
El principio político es el principio de oportunidad por excelencia. El principio por excelencia de jueces es el principio de legalidad. Legalidad y oportunidad no casan. Son agua y aceite. Evidentemente, todos los nombramientos que ha hecho este Consejo y los anteriores han pasado por ese reparto de cuotas de poder, de apadrinamiento.
Incluyendo el mío, por supuesto.
El desafío, una vez que te han nombrado, es: ¿Voy a responder como apadrinado o puedo pensar por mí mismo? Ese es el desafío de cada uno. Como el desafío de cada juez es aplicar en su quehacer diario ese principio abstracto que todos compartimos, de que la justicia es igual para todos, y que es mentira en la realidad, porque la sociedad es una sociedad injusta.
Y lo tiene que hacer de verdad. Ya sea oportuno o inoportuno.
Y puede haber presiones. Y no digo presiones del ejecutivo, sino presiones desde dentro. Aunque también es cierta una cosa, a veces no hace falta que te presionen. Porque ya estás en comunión.
Si estás en sintonía con la ideología mayoritaria no tienes que dejarte presionar. Ya sabes lo que hay que hacer. ¿Es precioso que te presionen? No, porque ya estás.
Esto de las presiones hay que valorarlo con seriedad y con un poco de rigor.
Joaquín Giménez en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Carlos Berbell/Confilegal.
¿El Consejo actual es un Consejo de apadrinados?
Manifiestamente de menor calidad que los anteriores, sí. El Consejo actual es un Consejo de apadrinados.
Es un Consejo en clave absolutamente presidencialista, con dos grupos de vocales, con la Comisión Permanente versus Consejo Privado.
La ley de bronce del Consejo General del Poder Judicial nos dice que el mejor ha sido el primero y el peor, el último. Esta ha sido la realidad. Y este Consejo la ha cumplido a rajatabla.
Es el peor de todos los que ha habido.
A esto se une un profundo divorcio entre los jueces y el Consejo que es más que inquietante. Porque, además, está en esa dicotomía de órgano gobernante y órgano gobernado. ¿Qué órgano gobernado? En la jurisdicción no hay un órgano gobernado. A la jurisdicción no se la gobierna.
Esto no es una jerarquía.
En la jurisdicción está el poder judicial, no en el Consejo. El órgano de gobierno que, supuestamente, es garante de la independencia de los jueces ¿cómo va ser garante de algo que él no es?
A mí, además, hay frases que me dan mucho que pensar, como esa de que «a los jueces se les gobierna con el palo y la zanahoria».
Eso lo declaró el presidente Lesmes en una entrevista, al comienzo de su mandato.
Como mínimo, eso supone un reconocimiento de lo que es la jurisdicción. Como máximo, hay reflexiones mucho peores. Lo malo es que uno se deje gobernar… Porque ve que las legítimas expectativas que puede tener de desarrollar una carrera profesional, al margen del tema puramente escalafonal, dependen del órgano de gobierno, por lo que modula su independencia respecto de sus superiores, que no son jerárquicos, pero de los que puede depender su carrera profesional.
Si está en sintonía con ese órgano de gobierno puede hacer una brillante carrera judicial.
Joaquín Giménez en el curso de uno de los procesos judiciales en el Tribunal Supremo. Confilegal.
¿A usted qué le parece el sistema actual, el de la elección parlamentaria de los vocales jueces?
Yo no lo definiría así. En España no existe una elección parlamentaria de los vocales de procedencia judicial; es un sistema de cuotas, de reparto de poder puro y duro.
¿Explíquese?
La elección parlamentaria no se ha estrenado en España. Una verdadera elección parlamentaria de los 12 vocales judiciales supone que hay una relación de personas que aspiran y se presentan. Que se produce un examen efectivo, público, con total transparencia. Sin debates versallescos. Donde cada aspirante explica, ante la comisión parlamentaria correspondiente lo que ha escrito, dónde ha estado, cuántas sentencias ha puesto, cuántas han sido confirmatorias y cuántas revocadas.
Eso es, precisamente, lo que no se hace. Lo que se debería hacer.
Otro tanto ocurre con la elección de los ocho vocales que no son jueces. Desde mi punto de vista, el procedimiento es una vergüenza. Y no me extraña, por ello, la percepción de desconfianza que tienen los ciudadanos.
Percepción que comparte buena parte de la carrera judicial.
En España no existe una elección parlamentaria de los vocales de procedencia judicial; es un sistema de cuotas, de reparto de poder puro y duro
A su juicio, ¿como funciona el sistema?
Yo, Partido Popular, soy ahora mayoritario, me tocan 10 u 11 vocales. Tú, Partido Socialista -y esto a la inversa es exactamente lo mismo- te tocan 7, 8 o 9. Y con ello, se acuerda un pacto de no agresión.
Yo no me meto en los tuyos, tú no te metes en los míos.
El PSOE en eso siempre ha tenido una sensibilidad más autónoma y normalmente, de los de su cuota, siempre decían, pues uno para los vascos otro para los catalanes o para Izquierda Unida.
El PP, no. La voz de la derecha siempre ha sido una sola. Y un líder indiscutido al que se le sigue con los ojos cerrados, aunque sea al precipicio.
Esto se ha visto en el Consejo. Cuando había una mayoría progresista aquello era el reino de Taifas, tres por un lado, cuatro por otro y otros cuatro por otro.
Cuando había una mayoría conservadora, como ocurre ahora, si son once, son once. Y no hay nada más que hablar. Y si son siete, son siete.
¿Por qué ha sido esto? Porque la izquierda siempre ha tenido un sentido más autocrítico. Pero en definitiva lo que ha unido a unos y a otros no es que hayan tenido padrinos. Sino que han respondido como apadrinados.
Ese es el problema
¿Y cómo ha comenzado cada Consejo? Con un acto de vasallaje al poder político, menos en el primero y en el segundo: la elección del presidente.
Ese acto de vasallaje es el pecado original del Consejo.
Según Joaquín Giménez, cada Consejo ha comenzado su mandato con un acto de vasallaje: la elección del presidente; ese acto de vasallaje es el pecado original del CGPJ. Carlos Berbell/Confilegal.
Sin embargo, aunque a usted le nombren vocal unos u otros, ¿dónde queda su independencia, su espíritu crítico? Nadie puede obligar a nadie a votar nada contra su voluntad.
El poder está en el poder ejecutivo. El Consejo es poder ejecutivo y puede ser el trampolín para una brillantísima carrera política. Que las ha habido. Con personajes socialistas y con personajes del PP. El Consejo trampolín. Hay mucho desertor del «considerando».
Es curioso, en la carrera judicial tú opositas para considerar, pero cuando tienes la plaza y la posibilidad de dar el salto, te conviertes en un desertor del considerando. En la judicatura hay auténticos profesionales, en masculino y en femenino, de las puertas giratorias.
La carrera judicial es un fin en sí mismo. Punto. La actividad del Consejo debería ser un fin en sí misma.
Pongamos las cosas claras: ¿Cuál es el oscuro objeto del deseo del poder político?
Controlar el Consejo General del Poder Judicial.
¿Y dentro del poder judicial?
La Sala de lo Penal.
Y también la Tercera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que juzga las decisiones del Ejecutivo. La Civil, la Social y la Militar… No son importantes. Los oscuros objetos del deseo son, primero, la Sala Segunda y luego la Tercera. Es que es así.
En la judicatura hay auténticos profesionales, en masculino y en femenino, de las puertas giratorias
¿Estaría usted a favor de cambiar el sistema de elección de los vocales jueces?
Yo creo que los 12 vocales de origen judicial tienen que ser elegidos por los jueces y entre los jueces. Y sé el riesgo que esto conlleva. Y por lo que se cambió el sistema en su momento. La mayoría de la carrera tiene un matiz conservador, que es perfectamente legítimo. Por eso habría que establecer un sistema que respetara la pluralidad dentro del Consejo.
Cuando las cuatro asociaciones, que representan a la mitad de la carrera, dicen este sistema de elección parlamentaria -incluyendo la mía, Jueces para la Democracia- no funciona, es que el sistema actual ha tocado fondo.
¿Sería recomendable que el Consejo recuperara su carácter colegiado, abandonando la impronta presidencialista actual?
Sin duda. Habría que recuperar su carácter colegiado, con sus 20 miembros a tiempo completo. Porque si haces dos grupos ocurre lo que sucede ahora. ¿Quién conforma la Comisión Permanente? El presidente. ¿Y qué ventajas tiene pertenecer a la Comisión Permanente? Dedicación exclusiva, coche, sueldo, ausencia de ponencias, y demás. Los vocales que no están en ella tratan de ser amables, de hacer favores, para entrar en ese círculo de elegidos.
Por lo tanto, o todos simultanean sus ocupaciones con el Consejo o todos trabajan en el Consejo. Lo que no puede haber es una categoría A y otra B. Todos tienen que ser de la misma categoría.
Ya sabe usted que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma de la estructura interna del CGPJ fue un castigo al anterior Consejo, y a las asociaciones, por no haber evitado la dimisión de Carlos Dívar en un momento en que España podía ser intervenida por la Unión Europea. Un acto de escarmiento del poder ejecutivo al poder judicial por aquel hecho.
El poder judicial es un poder incómodo, hay que decirlo. Es un poder que inquieta. ¿Por qué? Para un tironero, para un abrecoches, cualquiera vale. Para una investigación, en la que se inquieta al poder político y/o económico, quieres tener ahí algo que controle un poco el tema.
Pero para que un poder, como el judicial, pueda cumplir con su función, requiere no sólo la aceptación de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, sino que le den los medios suficientes. Porque los jueces no pagamos a la policía, no pagamos la luz de los edificios, no pagamos ni los ordenadores, ni el papel ni la tinta.
Giménez en su despacho del Tribunal Supremo. Confilegal.
Eso lo paga el poder ejecutivo.
Una forma de coartar la efectividad de los jueces es no tener las plazas necesarias, no hacer las convocatorias de oposiciones, no dar los esfuerzos exigibles. ¿Por qué? Porque de esa forma se consigue el resultado de ineficacia en las causas importantes que es lo que quiere el ejecutivo. Es una ineficacia que se desea y que se consigue de esa manera.
¿Qué opina del problema catalán?
Que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont son los dos responsables principales. El presidente porque ha derivado todo el problema, que tiene un contenido político clarísimo y un aspecto judicial pequeño, lo ha derivado a lo judicial. Claro, los jueces estamos para resolver problemas y bastante es que no los empeoremos.
Pero el problema de la desafección que hay de una masa importante de catalanes, sea un millón o dos millones, me da lo mismo, no lo va a resolver el sistema judicial. Porque no está llamado a eso. La cosa requiere un tratamiento político.
Y esa masa de dos millones no se ha hecho de un lunes a un martes. Ha habido un proceso largo, desde aquel portazo que se dio a Artur Mas, cuando pidió el estatuto fiscal. Eso ha ido creciendo.
Es un problema político que los jueces no vamos a resolver. Resolveremos aquellos aspectos jurídico-penales que puedan existir. Y esto hay que hacerlo con mesura.
La respuesta judicial es la retaguardia de los problemas. Cuando la convertimos en vanguardia pues la solución es muy difícil
¿Y qué piensa cuando escucha a Puigdemont hablando de amnistías y cosas por el estilo?
Que viven en un mundo irreal. En una ficción. En un ensimismamiento narcisista. En un delirio colectivo. ¿Nadie piensa por sí mismo, ni siquiera un poco? ¿Nadie se plantea si van en la dirección adecuada? ¿Es que eso cuesta? ¿Y si delante está el precipicio?
Usted ha presidido muchos juicios en el Supremo. La instrucción de Llarena sólo puede tener un desenlace: el juicio de los investigados. Siete magistrados juzgando dentro de 6, 8 o 10 meses. Y una sentencia final, sin posibilidad de recurso alguno. Eso no tiene ninguna solución política. ¿O sí?
Que indiciariamente hay hechos que pueden tener carácter delictivo, es evidente. Yo, sinceramente, la rebelión no la veo.
¿Y la malversación?
Malversación, prevaricación, incluso el tema de la desobediencia, pues sí. Pero estamos en que la respuesta judicial es la retaguardia de los problemas. Cuando la convertimos en vanguardia pues la solución es muy difícil.
Una foto tomada presidiendo un juicio en la Sala de lo Penal del Supremo en 2013; de izquierda a derecha Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Joaquín Giménez, José Manuel Maza y Antonio del Moral. Carlos Berbell/Confilegal.
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