Los letrados de la Administración de Justicia lanzaron ayer un mensaje para navegantes: «Somos y debemos seguir siendo un Cuerpo nacional dependiente del Ministerio de Justicia».
Y rechazan de plano cualquier pretensión dirigida «a modificar nuestra dependencia pues significaría el desmantelamiento de la Justicia y un grave ataque a la propia independencia del Poder Judicial como poder del Estado, cuya Administración de Justicia sostenemos», según Rafael Lara presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ).
Traducido: No a la idea de que puedan ser transferidos a las Comunidades Autónomas.
Esta una de las conclusiones principales de las XXXII Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas por el CNLAJ en Cordoba desde el miércoles pasado hasta ayer.
Los «navegantes», evidentemente, son los partidos políticos con representación parlamentaria.
Los letrados judiciales (antes secretarios judiciales) no quieren ser, por lo tanto, moneda de cambio en forma de concesión política en un posible intercambio de cromos para facilitar la gobernabilidad, como ya ha ocurrido con otros cuerpos.
CAMBIOS LEGISLATIVOS
Otra de las conclusiones es su reivindicación como funcionarios competentes para ejecutar las resoluciones judiciales y la gratuidad del servicio público Justicia.
«Para mejorar los tiempos de respuesta en la resolución de las ejecuciones son necesarios cambios legislativos que permitan agilizar la ejecución, mejorar los medios tecnológicos y sobre todo programar una gestión de los medios personales que permita que los funcionarios que accedan a las dependencias judiciales sean titulares y en caso de nombramiento de funcionarios interinos que reciban formación antes de tomar posesión en la Oficina Judicial», afirman.
NO HAY PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS
El CNLAJ también recuerda que el pasado 25 de mayo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos. Y que hasta hoy los responsables del Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y Consejo General del Poder Judicial no han remitido «un protocolo de actuación que permita a los Letrados Judiciales dar cumplimiento en los Juzgados y Tribunales de los postulados del Reglamento».
Los miembros del Colegio Nacional demandan, a su vez, medios materiales, humanos y tecnológicos, la convocatoria de 250 plazas al año, «teniendo en cuenta que en la actualidad hay 600 vacantes en el cuerpo», y un aumento de sus salarios.
«Entendemos que es inasumible que funcionarios que acceden al Cuerpo superior jurídico de Letrados Judiciales con una oposición tan exigente como la de los Jueces y Fiscales perciban un sueldo de entre 1400 -1600 euros al mes. Esta circunstancia injusta a todas luces por el trabajo desarrollado debe tener su fin. Para ello demandamos del nuevo Gobierno de la nación, y confiamos, que subsane esta desigualdad, y adecúe nuestras retribuciones a nuestra naturaleza profesional y los resultados que nuestro trabajo otorgan a la sociedad», afirman en las conclusiones.
AMPARO A LA LETRADA JUDICIAL DEL 13 DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA
Los letrados judiciales del Colegio Nacional, principal asociación de las 4 existentes, han tenido un recuerdo muy especial a la letrada judicial del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, del que es titular el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer. Y han pedido que se la ampare «por los ataques y desaires padecidos con ocasión del ejercicio de sus funciones como autoridad pública en las entradas y registro practicadas el pasado 1 de octubre».
INDIGNACIÓN ANTE LOS «APERCIBIMIENTOS LEGALES» DE LOS PRESIDENTES DE TSJ
Por otra parte, los miembros de este colectivo han mostrado su «total indignación» por los apercibimientos realizados por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Murcia a los secretarios de Gobierno, que son los jefes de todos los letrados judiciales en sus Comunidades Autónomas.
«En todo momento actuaron en virtud de la dependencia jerárquica que se deben al Ministerio de Justicia, con motivo de la huelga de los jueces del pasado 22 de mayo. El Poder judicial, dispone de sus propias estructuras de gobierno ordenadas jerárquicamente, y a ellos compete cualquier decisión o injerencia que afectaría a esa independencia, recabando directamente los datos de seguimiento de la huelga de los Jueces Decanos o Presidentes de las Audiencias Provinciales», aseveraron.
