Carlos Lesmes saludando a Jaume Moya, portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas, antes de su comparecencia. Carlos Berbell/Confilegal.
Lesmes asegura a los diputados que ha pedido conocer las normas de reparto de la Sala Civil y Penal del TSJC
En respuesta a la pregunta del diputado socialista, Juan Carlos Campo
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21/6/2018 08:15
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Actualizado: 21/6/2018 09:30
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El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Juan Carlos Campo, sorprendió ayer a Carlos Lesmes, en el marco de dicha Comisión, con una pregunta fuera del protocolo habitual, que hacía referencia a una información publicada por este periódico.
«¿Qué tiene usted que decir sobre las informaciones publicadas sobre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la ausencia de normas de reparto de su Sala Civil y Penal. Si esto es así se está conculcando el juez natural predeterminado por la ley. ¿Qué está haciendo el Consejo General del Poder Judicial al respecto», preguntó el también magistrado en servicios especiales en el curso de su intervención, durante la comparecencia del presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo.
En el turno de respuestas, Lesmes respondió literalmente: «Hemos tenido una queja de un juez y hemos requerido información sobre este respecto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la que habla usted. En estos momentos no le puedo informar sobre ello porque estamos a la espera de recibirla».
La contestación de Lesmes no fue precisa en absoluto.
Porque tal queja es inexistente.
El magistrado Salvador Alba, destinado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, fue la persona que se dirigió al CGPJ pidiendo información sobre las normas de reparto de la mencionada Sala de lo Civil y Penal y sobre su composición. No fue una queja.
En su solicitud pedía al secretario general del Consejo, Joaquín Vives de la Cortada, que le enviara una certificación sobre ello.
El diputado socialista, Juan Carlos Campo, durante su intervención, cuando le preguntó sobre las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Canarias. Carlos Berbell/Confilegal.
El problema es que no existen
De hecho, la Comisión Permanente ya había requerido al presidente del TSJ de Canarias, Antonio Doreste Armas, esa información.
Y lo que mandó Doreste Armas, a guisa de «normas de reparto fue un acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias, fechado el 5 de mayo de 2017, en el que dice -literalmente-: “Acuerdo 065/2017”, adoptado “en el Expediente Gubernativo sobre Reparto de Ponencias de la Sala de lo Civil y Penal”.
En el documento se puede leer: “La Sala de Gobierno conoce del Acuerdo adoptado por el Excmo. Sr. Presidente por razones de urgencia conforme a lo dispuesto en el Art. 160.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que, de forma provisional, asume el mismo número de ponencias que las Magistradas integrantes de la Sala de lo Civil y Penal, en los Recursos de Apelación contra las Sentencias de las Audiencias Provinciales, a tenor de la reforma de la L.E.Cr. Operada por la Ley 40/15 /arts. 846 y ss), y acuerda quedar enterrad y ratificar el contenido del Acuerdo de referencia”.
A pesar de una redacción tan farragosa se vislumbra con claridad lo que el texto expresa: no hay normas de reparto en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
En consecuencia, lo decide todo el presidente del TSJC, Antonio Doreste Armas.
La LOPD exige que existan normas de reparto
Los artículos 73 y 152 de Ley Orgánica del Poder Judicial exigen su existencia.
En las mismas tienen que estar contemplados los turnos para la composición de los tribunales, su funcionamiento y la asignación de ponencias, dentro de un proceso de total transparencia, con el fin de garantizar la imparcialidad del órgano judicial.
Las Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social del TSJC, por ende, sí tienen normas de reparto.
El CGPJ se dio por enterado, como se puede leer en el Boletín Oficial del Estado del 11 de junio pasado en el que se publicó el acuerdo que había tomado la Comisión Permanente el 30 de mayo, “relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal” del TSJC.
Un acuerdo que dice: “De forma provisional, el Presidente de la Sala de lo Civil y Penal, asume el mismo número de ponencias que las magistradas integrantes de dicha Sala, en los recursos de apelación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales, a tenor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/15 (arts. 846 y ss.)”.
Lo firma el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Nada más. Y el Consejo no le pide más. No le requirió más explicaciones.
La contestación de ayer de Lesmes a Juan Carlos Campo le sirvió para salir del paso. El presidente del órgano de los jueces está obligado ahora, de una vez por todas, a aclarar si existen o no normas de reparto en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
Y si no existen, como plantea el magistrado Alba, debe tomar medidas.
Porque como afirmó el diputado socialista se estaría conculcando el juez natural predeterminado por la ley.
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