La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Canarias no tiene normas de reparto

El presidente del TSJ de Canarias, Antonio Doreste, no pudo formar parte de la Sala del 77, que ha resuelto la recusación contra los tres magistrados elegidos para componer el tribunal que iban a juzgar a Salvador Alba, por el mismo motivo: estaba contaminado.
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Tal como ya avanzó Confilegal, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) funciona de forma anómala. No tiene normas de reparto.

Así lo ha reconocido implícitamente el propio presidente, Antonio Doreste Armas, de 63 años, en su contestación a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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La Permanente pidió a Doreste que les presentara dichas normas de reparto tras recibir un requerimiento del magistrado Salvador Alba, en el que éste solicitaba al órgano de gobierno de los jueces una certificación de su existencia.

Su existencia es de vital importancia para garantizar la imparcialidad y la recta administración de la justicia, y como garantía de transparencia, esencial para asegurar la confianza del pueblo, que es de donde emana la Justicia -de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución- en jueces y magistrados “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

No cabe, por lo tanto, ningún tipo de arbitrariedad.

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Como es lógico, la Permanente se dirigió a Doreste -al que el Pleno del CGPJ eligió el 24 de julio de 2014 por 8 votos de 21- y le ordenó que las enviara a Madrid.

Doreste no pudo hacerlo por una simple realidad: no existen.

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Lo que sí mandó, a guisa de “normas de reparto”, fue un acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias, fechado el 5 de mayo de 2017, en el que dice -literalmente-: “Acuerdo 065/2017”, adoptado “en el Expediente Gubernativo sobre Reparto de Ponencias de la Sala de lo Civil y Penal”.

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“La Sala de Gobierno conoce del Acuerdo adoptado por el Excmo. Sr. Presidente por razones de urgencia conforme a lo dispuesto en el Art. 160.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que, de forma provisional, asume el mismo número de ponencias que las Magistradas integrantes de la Sala de lo Civil y Penal, en los Recursos de Apelación contra las Sentencias de las Audiencias Provinciales, a tenor de la reforma de la L.E.Cr. Operada por la Ley 40/15 /arts. 846 y ss), y acuerda quedar enterrad y ratificar el contenido del Acuerdo de referencia”.

A pesar de una redacción tan farragosa se vislumbra con claridad lo que el texto expresa: no hay normas de reparto en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.

En consecuencia, lo decide él todo.

Esto es altamente irregular.

La LOPJ exige que existan normas de reparto

Los artículos 73 y 152 de Ley Orgánica del Poder Judicial exigen su existencia.

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En las mismas tienen que estar contemplados los turnos para la composición de los tribunales, su funcionamiento y la asignación de ponencias, dentro de un proceso de total transparencia, con el fin de garantizar la imparcialidad del órgano judicial.

Las Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social del TSJC, por ende, sí tienen normas de reparto.

El Boletín Oficial del Estado del 11 de junio publicaba el acuerdo que tomó la Comisión Permanente el 30 de mayo, “relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal” del TSJC, en el que se daban por enterados de lo que Doreste les envió.

Un acuerdo que dice: “De forma provisional, el Presidente de la Sala de lo Civil y Penal, asume el mismo número de ponencias que las magistradas integrantes de dicha Sala, en los recursos de apelación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales, a tenor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/15 (arts. 846 y ss.)”.

Lo firma el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Nada más. Y el Consejo no le pide más.

No le requiere más explicaciones. Se dan por satisfechos.

En el BOE no existe ninguna referencia anterior a las mencionadas normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC desde su nacimiento, en 1989, hasta la publicada el 11 de junio de 2018.

Y Doreste ha tenido 4 años para dotar a ese órgano judicial de esas normas.

No lo ha hecho.

Su inexistencia, tanto para la asignación de instrucciones como para la designación de miembros del tribunal, puede ser un ejemplo de libro de la aplicación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, viciando de nulidad la casi totalidad de los procedimientos en los que el magistrado Alba y su compañera, Victoria Rosell, se han visto involucrados en los últimos dos años.

Un revés que podría poner en tela de juicio la propia renovación de Doreste al frente del TSJC, prevista para dentro de un año, y cualquier otra aspiración que pudiera tener de llegar al Supremo, cortando su carrera ascendente, de raíz.

Doreste denunciado ante la Fiscalía General del Estado 

Alba, magistrado de la Sección 6ª de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, denunció recientemente a Doreste  ante la Fiscalía General del Estado por haberle presionado -supuestamente- para que retirara una denuncia contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Es la primera vez en la historia que un magistrado denuncia al presidente de un TSJ.

Junto con su denuncia, Alba entregó una serie de grabaciones de conversaciones mantenida con Doreste en el que éste le dice: ” Te están siguiendo (…). Tiene un montón de información sobre ti, algo de un viaje a Italia (…). Y la información no es de un mindundi (…). Te interesa retirar la denuncia…”.

La conversación tuvo lugar en el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas el 31 de octubre de 2016.

Doreste le indica a Alba que tiene un recado para él de una persona “que es muy poderosa” y que traduce de la siguiente forma: “Viene a decir, ‘que me deje tranquilo y yo lo dejo tranquilo [a él]…”.