El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha archivado la denuncia que presentaron el magistrado Salvador Alba y el concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, por considerar que los hechos pertenecen a la esfera privada de ambos y no a la jurisdiccional.
Otra cosa hubiera sido que Doreste hubiera supuestamente presionado a Alba, magistrado destinado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, sobre algunos de los casos en los que hubiera actuado como parte de un tribunal colegiado y/o ponente.
Pero ese no es el caso, desde el punto de vista del pAD.
De acuerdo con la denuncia de Alba, Doreste, siendo presidente de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, se dedicó a transmitirle “advertencias -que no eran si no amenazas claras” para que retirase una denuncia que había interpuesto contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y de la empresa Seguridad Integral Canaria.
“Ante el hecho, indiscutible, de que el propio Presidente de la Sala a cuya jurisdicción me encontraba sometido acudía a transmitirme tales ‘advertencias’ de una ‘persona poderosa’, presionando constantemente par retirar esa denuncia, yo mismo tuve que retirarla temeroso de las represalias a que me podía ver sometido, sospechando que podían serlo incluso a nivel procesal”, explicaba Alba en su denuncia ante el pAD.
Y adjuntó la grabación de una conversación mantenida entre ambos en el parking de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el 31 de octubre de 2016.
“Este Presidente del TSJ ha continuado ejerciendo su jurisdicción en asuntos estrechamente vinculados al empresario don Miguel A. Ramírez Alonso -en cuyo favor hablaba para que retirase la denuncia interpuesta contra el mismo-«, afirma Alba.
El magistrado denunciante también se querelló contra Doreste ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por esos mismos hechos.
