El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, a la izquierda, y el magistrado querellante, Salvador Alba, a la derecha, con el fondo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tendrá que dirimir la querella.
El magistrado Alba se querella contra el presidente del TSJ de Canarias por prevaricación, obstrucción a la justicia y coacciones
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14/7/2018 09:00
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Actualizado: 30/7/2020 10:14
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El magistrado Salvador Alba Mesa, de 47 años, destinado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Antonio Doreste Armas, de 64 años, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al que acusa de los supuestos delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia, coacciones y amenazas.
De acuerdo con Alba, la máxima autoridad de la Justicia en la Comunidad Canaria le amenazó porque se negó a retirar una denuncia que él había interpuesto contra el conocido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente del club de fútbol U.D. Las Palmas.
Y aporta grabaciones de esos encuentros, sobre los que informó el diario El País y que conformaron el grueso de la denuncia que el magistrado interpuso ante la Fiscalía General del Estado el pasado mes de mayo.
Denuncia que el Ministerio Fiscal archivó calificándola de “extraordinariamente vaga e imprecisa”, a pesar de que adjuntaba los audios de las conversaciones grabadas.
Ahora esa denuncia ha tomado la forma de esta querella, a la que ha tenido acceso Confilegal.
“El día 31 de octubre de 2016, don Antonio Doreste citó a don Salvador Alba en los garajes del edificio judicial, lejos de las miradas de funcionarios, en un pasillo, y allí le manifestó que tenía que transmitirle un mensaje de una persona muy poderosa que venía a decir ‘que lo dejes tranquilo y él te dejará tranquilo’, en clara alusión a don Miguel A. Ramírez Alonso y la denuncia presentada contra él por don Salvador Alba”, relata el magistrado en su querella.
[Doreste] “Le amenazó, en nombre de ‘esa persona poderosa’ con acceder a su correo electrónico personal y sacar a la luz datos que le iban a perjudicar. Le indicó expresamente que retirara la denuncia”, añade.
Alba también relata que Doreste, cuando se avecinaba el momento de ratificar la denuncia contra Ramírez –el 2 de noviembre de 2016-, le aconsejó que “se pusiera enfermo” para que no fuera a declarar.
Asimismo Doreste le dijo que “suavizara” o que no dijera nada de que le había informado sobre todos los pormenores y detalles de la entrevista que mantuvo en su despacho con Ramírez el 16 de marzo de 2016.
Un encuentro en el que Ramírez le reveló a Alba “numerosos datos relativos a la magistrada doña Victoria Rosell y otros magistrados de la Audiencia Provincial, tales como don Emilio Moya Valdés y don Carlos Vielba Escobar, amigos del empresario”.
“Queremos llamar la atención de la Excma. Sala en el hecho de que las presiones procedían del Presidente del TSJ y de la Sala de lo Penal a cuya jurisdicción estaba sometido don Salvador Alba, por lo que fue tal la intimidación a que se vio sometido don Salvador que no pudo mantener la denuncia y finalmente se vio obligado a retirarla”, se puede leer en la querella.
Hasta que la denuncia fue retirada por Alba, “continuaron las visitas de don Antonio Doreste y continuaron las presiones. En dichas visitas le advertía de que no interpusiera recursos de apelación contra las resoluciones de la instructora, porque de lo contrario la causa no se iba a poder archivar. Le indicaba, incluso, que un recurso de apelación -del que conocía como ponente el propio Presidente don Antonio Doreste- se iba a desestimar para ‘tener contenta’ a la magistrada doña Victoria Rosell -cuya pareja, don Carlos Sosa Báez, tenía relaciones empresariales y comerciales con don Miguel A. Ramírez Alonso desde , al menos, el año 2006 hasta la actualidad-”.
LA INVESTIGACIÓN DE ROSELL A RAMÍREZ, EN EL ORIGEN DE TODO
El origen de este conflicto se encuentra en la designación de Salvador Alba como sustituto de Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, quien había decidido probar suerte en la política como cabeza de lista por Podemos en las elecciones generales de 2015.
Dicho órgano judicial instruía las diligencias previas 644/2014 contra Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad de Ramírez, el propio empresario y Héctor de Armas por un supuesto delito fiscal, otro contra la Seguridad Social y un tercero contra la seguridad de los trabajadores.
Según el magistrado Alba, “constató en la instrucción de dicho procedimiento ciertas irregularidades comunicadas en su día al Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente por un gran retraso en su tramitación”.
De la misma manera, supo que la Fiscalía Provincial de Las Palmas había instruido unas diligencias preprocesales a Rosell que “se incoaron a raíz de un contrato de alquiler de licencia de radio con opción de compra que habían suscrito la emisora Unión Deportiva Las Palmas, participada mayoritariamente por el empresario investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso, y la entidad Clan de Medios de Comunicación y Marketing, representada por el que fuera entonces su administrador, don Carlos Sosa Báez, pareja sentimental de la magistrada doña Victoria Rosell Aguilar, juez de instrucción de las DP 644/2014 del Juzgado nº 8 de Las Palmas” hasta que Alba se hizo cargo de las mismas.
Dichas diligencias preprocesales fueron después declaradas nulas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
El relato del magistrado avanza explicando que durante la instrucción la representación legal de la empresa de Ramírez aportó documentos que “evidenciaban que la relación empresarial entre Miguel A. Ramírez Alonso -investigado en las DP 644/2014- y la pareja de la magistrada doña Victoria Rosell se extendía en el tiempo desde el año 2006 y por tanto durante la instrucción de la causa contra el empresario”.
En ese marco de actuaciones, el magistrado querellante mantuvo una reunión privada en su despacho con Ramírez -del que informó a Doreste puntualmente, al igual que al CGPJ- que el empresario grabó y luego entregó a la magistrada que sucedió a Alba en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas.
Desde el punto de vista del magistrado, dicha grabación fue “construida” y “manipulada” por Ramírez, por lo que presentó la denuncia contra el empresario, denuncia que es el origen de la querella que ha interpuesto con Doreste ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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