El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha remitido al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ocho teléfonos móviles pertenecientes al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para proceder a su volcado y posterior análisis de la información almacenada.
El juez acuerda en un auto el estudio de estos aparatos y de otros ocho pertenecientes al expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, su hija Patricia Rodríguez, la que fuera secretaria de éste Clarisa Guerra, la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond y Jaime Antonio Antoñazas; todos ellos investigados en el caso ‘Lezo’ que investiga presuntas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II.
De esta forma, autoriza al Instituto Armado a reparar aquellos dispositivos que se encuentren dañados para proceder a su volcado y posterior obtención de información. Igualmente, debido al mal estado de conservación de algunos de estos aparatos, ordena que se haga una copia de seguridad para dejarla en el juzgado.
Por su parte, el también magistrado instructor de la causa, Manuel García Castellón, ha denegado en otro auto devolver tres discos duros a Jose Juan Caballero Escudier, cuñado de González y socio de Tecnoconcret, empresa que resultó ser la adjudicataria del proyecto del campo de golf en los terrenos del Canal en Islas Filipinas cuando González era presidente de la empresa pública de aguas.
PROBLEMAS CON EL CLONADO DE LOS DISPOSITIVOS
También rechaza devolver otro disco al hermano del cabecilla, Pablo González, investigado también por su implicación en esta adjudicación presuntamente irregular, por problemas en el procedimiento de clonado de estos dispositivos electrónicos.
Las últimas pesquisas de esta investigación que comenzó en abril del año pasado han ido encaminadas a averiguar qué relación tenía el Canal de Isabel II durante el Gobierno madrileño de Ignacio González con otras sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Para ello el magistrado De Egea requirió una serie de documentación a la empresa madrileña como documentos y pactos de participación directa o indirectamente con otras empresas en paraísos fiscales, y en especial el contrato firmado con la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), primer socio de la colombiana Inassa, cuya adquisición presuntamente irregular se investiga en la pieza 1 de esta causa.
