La Audiencia Nacional ha impuesto penas de hasta 7 años de cárcel a los once implicados en el juicio de la llamada operación Pretoria, tres pelotazos urbanísticos del área metropolitana de Barcelona, desarrollados durante los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona.
En lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos, propiciando importantes beneficios y comisiones que sumaron a su patrimonio, bien directamente o bien a través de testaferros.
El tribunal ha acordado el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en dichas operaciones que ascendieron a un total de 5,8 millones de euros.
Igualmente, ha decidido la incautación de las dádivas recibidas por el exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, por 1,1 millón de euros, de las ganancias ilícitas obtenidas por el exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra, que ascienden a 3,2 millones, así como del exsecretario de Presidencia Lluis Prenafeta, por 5,2 millones.
El tribunal de la Sección Segunda, que preside la magistrada Concepción Espejel, aplica para todos la atenuante simple de dilaciones indebidas debido a la duración del procedimiento.
Estos hechos ocurrieron hace más de ocho años y se juzgaron, finalmente, entre los meses de marzo y octubre del año pasado.
SIETE AÑOS PARA EL EXDIPUTADO DEL PSC LUIS GARCÍA
La Audiencia Nacional ha dictado la pena más alta, siete años y un mes de cárcel y 14,1 millones de euros, para el presunto cabecilla y exdiputado autonómico del PSC, Luis García ‘Luigi’, por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento oficial.
Para el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, del PSC, el tribunal ha impuesta cinco años y 9 meses, y una multa de 3,4 millones de euros por la operación ‘Pallaresa’, aprobada por el Consistorio en el año 2001 para la creación de un centro comercial hoteles y viviendas.
La modificación de los contratos iniciales ocho años después ocultaba una revalorización del terreno de la que se benefició las sociedades que consiguieron irregularmente la adjudicación.
ALAVEDRA Y PRENAFETA NO PISARÁN EL PRESIDIO
Los exaltos cargos de CiU Alavedra y Prenafeta han sido condenados a un año y once meses de cárcel por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales tras cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona.
El tribunal también les ha impuesto una multa de 3,2 millones de euros a Alavedra y de 5,8 millones a Prenafeta.
Ambos evitarán entrar en la cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó su petición de seis a dos años de prisión al reconocer al comienzo de la vista oral que habían percibido mordidas del cuatro por ciento de cada operación; unos 800.000 euros cada uno.
La sentencia considera probado que el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el exconseller Maciá Alavedra acudieron a los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas para que mediasen en asuntos administrativos en los que «se proponían obtener un beneficio económico», de acuerdo con las grabaciones telefónicas que se convirtieron en la principal prueba de cargo durante la vista oral.
Señala que ambos se valieron de sus «vínculos personales y de antigua militancia» para intermediar en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.
ADJUDICACIONES CONCERTADAS
Por su implicación en este proyecto urbanístico, el tribunal ha condenado a Manuel Dobarco, exresponsable del Espacio Público y Urbanístico del consistorio de Santa Coloma a ocho años y seis meses de inhabilitación por prevaricación y tráfico de influencias.
También al presunto testaferro de ‘Luigi’, Manuel Valera, que suma una condena de dos años y tres meses de cárcel y multa de 1,6 millones de euros, y a Josep Singla (dueño de Proinosa) a un año y 10 meses de cárcel y multa de 2,1 millones de euros.
Además de Alavedra y Prenafeta, otros cuatro acusados alcanzaron acuerdo de conformidad con la fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, al comienzo de la vista oral.
Se trata de dos presuntos testaferos de Alavedra, Philip MacMahan y Gloria Torres, condenados a seis meses de cárcel y multa de 2,6 millones y 315.000 euros, respectivamente.
Este es el caso también del propietario de la sociedad Limasa, Manuel Carrillo, que acordó seis meses de cárcel sustituible por multa de 12.480 euros tras reconocer pagos al Ayuntamiento de Santa Coloma a cambio de adjudicarse el contrato de limpieza de edificios municipales, y de María Lluisa Mas (mujer de Lluis Prenafeta), condenada a medio año de cárcel y multa de 1,9 millones de euros.
‘LUIGI’, EN EL EPICENTRO DE LA TRAMA
Los magistrados relatan el papel trascendental de ‘Luigi’, quien, en calidad de diputado del PSC entre los años 1980 y 1988, se consiguió posicionar como «facilitador», no solo interviniendo en las tres operativas sino liderándolas y facilitando las adjudicaciones así como la aprobación de posteriores cambios urbanísticos por los que se embolsó comisiones millonarias.
En la operación Pallaresa, gracias a su amistad con el entonces alcalde Bartomeu Muñoz, despachó directamente con los técnicos municipales orientando el sentido de los informes.
De esta forma, la adjudicación fue a parar a Centre Comercial Gramenet, integrada por la empresa Proinosa, de Josep Singla, y posteriormente a Tultar, de ‘Luigi’, que percibió 2,1 millones de euros de forma ilícita. Parte de las ganancias obtenidas las invirtió en tres turismos de lujo y en obras de arte.
En el caso de la operación ‘Niesma’, que tuvo lugar en el municipio de San Andrés de Llavaneras, el principal condenado se encargó de dirigir todas las modificaciones urbanísticas producidas en un terreno de cinco fincas situadas en la zona de Can Riviere y que él mismo adquirió a través de Niesma (representada por Valera) por 3,2 millones de euros.
Dos años después, en el año 2005 Niesma vendió las fincas una vez revalorizadas, por 9,7 millones de euros, lo que le reportó un beneficio de 761.597 euros.
En la tercera operación, consistente en la revalorización del puerto deportivo de Badalona, ‘Luigi’ consiguió captar inversores con los que Marina Badalona financiara la adquisición de unos terrenos propiedad del ICO de 54.000 metros.
Estos, a su vez, vendieron las fincas a la sociedad Badalona Building Waterfront, creada por el exdiputado del PSC para canalizar comisiones ilícitas superiores al millón de euros.
SOCIEDADES ‘OFF SHORE’
En lo que respecta a Alavedra y Prenafeta, los magistrados determinan que,»sabedores de los contactos e influencias que ‘Luigi’ tenía en estos municipios» y de la influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con él y planificaron el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones.
Señala que esto les permitió recibir ilícitas comisiones «carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares».
Para ocultarlas, continúa la resolución, se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios ‘off shore’ como Liechtenstein, las Islas Caimán o Panamá, consiguiendo así eludir el pago de impuestos a Hacienda.
El total de las ganancias que ocultó Alavedra entre los años 1997 y 2001 sirviéndose de la sociedad instrumental Vernet Foundation ascendió a 3.971.207 euros.
Prenafeta, por su parte, constituyó un entramado con sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Seychelles para ocultar un total de 15 millones de euros, de los cuáles 452.290 euros procedían de su intermediación en la operación Niesma y Badalona.
