Marjaliza reconoce al juez que pagó al PP nacional 60.000 euros

por orden de Granados David Marjaliza, constructor y presunto cerebro de la trama Púnica. (EP)
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El empresario David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, ha reconocido hoy ante el juez de la Audiencia Nacional que en 2007 pagó 60.000 euros al PP nacional por orden del exconsejero madrileño Francisco Granados con el objetivo de “llevarse bien” con Génova en su disputa con el exvicepresidente Ignacio González.

Ha contado que llevó el dinero él mismo a la sede del PP y allí se reunión con los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

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“Fue una petición que me hizo Granados para llevarse bien con la nacional. Me dijo que había una pugna entre él y Nacho (Ignacio González) y era para llevarse bien con la nacional y que fueran a favor suyo”, ha explicado el empresario, imputado en el ‘Caso Púnica’.

Marjaliza también ha hablado de otro pago de 60.000 euros que hizo al PP de Madrid en el 2004 para el congreso del partido en el que Esperanza Aguirre fue reelegida.

Ha dicho que en esta ocasión no llevó el dinero personalmente, sino que se lo dio a Granados.

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Además, ha manifestado que pagó al exconsejero madrileño una comisión de 600.000 euros por adjudicar a una de sus empresas la construcción de un colegio en la localidad de Valdemoro.

El empresario ha acudido a la Audiencia Nacional con abundante documentación sobre sus finanzas y comisiones ilegales a políticos, pero no se trata de la original, ya que él mismo asegura que la quemó toda en tres carros cuando Granados supo que les estaban investigando.

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COLABORA CON LA INVESTIGACIÓN DESDE 2015

El constructor colabora con la investigación desde 2015. En el verano de ese año declaró durante trece horas a petición propia.

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Quedó en libertad provisional en diciembre de 2015, tras pasar 14 meses en prisión, bajo pago de fianza de 100.000 euros impuesta por el juez Eloy Velasco.

La trama comenzó a investigarse en 2014 a raíz de una denuncia de Anticorrupción y sitúa a Cofely en el epicentro de las actividades presuntamente ilícitas de los acusados.

En concreto, la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa gala entre 2013 y 2014 tres contratos por 3,5 millones de euros para la gestión energética de residencias de ancianos en municipios como Arganda del Rey o para la contratación de servicios de mantenimiento integral de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados en Energía Materiales.

La investigación permitió conocer que algunos consistorios madrileños como Móstoles, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Serranillos Moraleja de Enmedio o Parla habrían amañado contratos para que resultara adjudicataria esta empresa, a la que consideró como pieza clave de este entramado.

En sus declaraciones en calidad de investigado, el empresario detalló los pormenores del funcionamiento de la trama y dijo que su manera de actuar consistía en ofrecer a los alcaldes o a las personas de confianza que designaran ellos, las “bondades” de contratar con Cofely.

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También explicó que las comisiones las cobraba en diferentes sitios como los consistorios; también en comidas o incluso “tomando copas”.

‘COMISIONES A POLÍTICOS DEL PP, PSOE E IU’

La última comparecencia en calidad de investigado de Marjaliza tuvo lugar el pasado 17 de enero.

El empresario confesó el pago de comisiones a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños.

Explicó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que pagó dádivas de entre 3.000 y 6.000 euros entre 2000 y 2013 a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de cerca de 1.000 viviendas públicas en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica.

El constructor precisó ante el magistrado que tanto él como el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.

Se trata de unos trabajos adjudicados en el año 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

Sus últimas confesiones sobre el reparto de comisiones en municipios madrileños y en obras del Metro de Madrid alarmaron tanto al actual juez del caso, Manuel García Castellón, que acabó pidiendo protección para él a Interior, que se la concedió.