La Fiscalía pidió 5 años de prisión para Juana Rivas y privación de la patria potestad de sus hijos por 6 años

Juana Rivas declaró ayer ante el magistrado Manuel Piñar Díaz, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) porque «no quería vivir más» bajo «las torturas» de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños, pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban «escapando del maltrato» y quería protegerlos.

La Fiscalía pidió finalmente para ella cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores en concurso con otro de desobediencia de orden judicial, después de que permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos sin entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri. También pide que sea inhabilitada durante seis años para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños, de doce y cuatro años.

«Soy madre, cómo los iba a entregar», llegó a decir a preguntas de la fiscal. Así, ha reconocido que, aunque sabía que desde la Justicia se estaba requiriendo la restitución de los menores a Italia -donde estaban escolarizados y tenían fijada su residencia- creía «imposible» que finalmente fuera obligada a entregarlos porque «nos maltrataba», dijo.

Rivas relató que llegó «aterrada» de Italia y, a preguntas de su letrado, describió una situación en la que «siempre fue actuando dentro de lo que le iban diciendo» sus distintos asesores y abogados, que si bien le advirtieron de que «podría tener represalias y dificultades» legales no le hablaron de que podía enfrentarse a «años de cárcel y retirada de la patria potestad».

Así, garantizó que le explicaron que no tenía que entregar a los niños mientras hubiera recursos y que luego, cuando se acudió al Tribunal Constitucional, le plantearon que no era «producente» hacerlo hasta que existiera una resolución.

De este modo, alegó que «siempre ha creído estar actuando dentro de la ley» y fue al transmitirle una de sus abogadas que no había «más armas legales» para «luchar» cuando decidió entregarlos al padre al día siguiente.

La madre de Maracena (Granada), que se declaró inocente al inicio de la vista, hizo uso del derecho a la última palabra para trasladar lo «injusto» que a su juicio es esta situación: «He vivido violencia de género, sólo quería proteger a mis hijos y le ruego que me los devuelva», pidió al juez.

En posteriores declaraciones a los medios, confió en una sentencia absolutoria.

HABLA ARCURI

El padre de los menores y expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, ejerció la acusación particular en esta causa. Declaró por videoconferencia desde Italia, negando los malos tratos de los que le acusa ella y poniendo de manifiesto que no existe en Italia ni en España ningún procedimiento abierto contra él en este sentido.

Garantizó que, pese a que fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, en una sentencia que se dictó por conformidad de las partes, «no la había pegado» y que posteriormente ambos retomaron la convivencia y vivieron como «una pareja normal».

Después nació su segundo hijo y en 2013 se inscribieron como familia en Italia.

Arcuri relató que cuando Juana Rivas salió del país con los niños en mayo de 2016 le dijo que se iba de vacaciones a España con su familia y que estaría de vuelta a finales de junio, aunque lo fue dilatando hasta que el 2 de agosto le confirmó por teléfono que no iba a volver.

En un principio mantuvo comunicación con los niños, pero progresivamente fue disminuyendo hasta que «no se le permitió», llegando un momento en que no supo nada de sus hijos, lo que le llevó a pedir la aplicación del Convenio de La Haya, según declaró Arcuri, que tiene concedida provisionalmente la custodia de los niños de Italia, donde conviven con él en la actualidad.

«LOS NIÑOS NO CORRÍAN RIESGO»

En el juicio también declararon como testigos los diferentes agentes de la Guardia Civil que intervinieron en distintos puntos del procedimiento y la experta que elaboró la pericial psicológica a petición del Juzgado de Granada que ordenó luego que los menores fueran devueltos a Italia con el padre.

Esta profesional se ratificó en su informe respecto a que la restitución «al contexto paterno no suponía un riesgo» físico ni psicológico para los niños, incidiendo en que el mayor, que fue al que evaluó, tenía una «vinculación positiva» con el progenitor.

La Fiscalía, que sumó en sus conclusiones finales un delito de desobediencia judicial, pidió una sentencia condenatoria por entender que había quedado probada la comisión de los delitos de los que se acusa a Juana Rivas, que trasladó a los menores de su lugar de residencia «sin consentimiento del progenitor» e incumplió las resoluciones que le obligaron luego a entregarlos al padre.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, se sumó a la tesis de la Fiscalía y afeó a Rivas que enmarque todo lo sucedido en una «injusticia» porque no se dice lo que «ella quiere».

«¿Todos se han equivocado?, ¿ha existido una conspiración internacional contra ella?. No. Ha tomado las decisiones equivocadas», afirmó.

El abogado de Juana Rivas, José Estanislao López, opinó que la modificación que hizo la Fiscalía sumando el delito de desobediencia de orden judicial es «extemporánea» y que «no cabe duda» de que Rivas sufrió violencia de género.

Advirtió que la sustracción de menores requiere una «intencionalidad y dolo específico» que no había existido en este caso y que ella había actuado guiada por sus asesores.

Junto a ello expuso que había existido un delito de sustracción de menores y no dos, como expone la Fiscalía, en tanto que es una «unidad de acto» y pidió la absolución para su cliente en la última parte del juicio, que quedó visto para sentencia y en el que el juez advirtió en alguna ocasión que ésta «no es una causa de malos tratos». EP.