María José Segarra, Fiscal General del Estado, tomó ayer posesión de su cargo como consejera nata del Consejo de Estado en un acto presidido por María Teresa Fernández de la Vega y al que asistió la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Durante su intervención, Segarra dijo asumir esta «enorme responsabilidad» con el propósito de poder «aportar los conocimientos y experiencias» que ha acumulado durante sus más de treinta años de servicio de la Ley desde el Ministerio Fiscal.
«Creo que esa es la ratio de incluir consejeros natos en esta Institución: que aportemos el específico caudal de conocimientos adquiridos en el desenvolvimiento de nuestros cargos», señaló en el acto celebrado en el Salón de Plenos del Consejo de Estado, en el que actuaron como padrinos Fernando Ledesma, actual consejero, y la presidenta de la Abogacía española, Victoria Ortega.
Experiencia fiscal para velar por el respeto a la Constitución
Para la fiscal general, su nombramiento servirá para ejercer «de puente y pasarela» con el fin de que «el bagaje jurídico y práctico del Ministerio Público pueda ser transferido al Consejo de Estado».
En este sentido, recordó que desde 2005 los fiscales no sólo intervienen en el ámbito penal sino que «se han sometido a un proceso de especialización que ha hecho a esta Institución referente en áreas tales como medio ambiente, siniestralidad laboral, criminalidad informática, menores o seguridad vial».
Por eso, el fiscal, teniendo en cuenta que actúa cada vez más en los restantes órdenes jurisdiccionales con una amplia perspectiva de la Administración de Justicia «puede colaborar de modo eficaz con el Consejo de Estado en su función de velar por el estricto respeto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico», explicó Segarra y calificó de «esencial» la tarea de garantizar la calidad técnica de las Leyes y de los Decretos.
Con su firme compromiso de ejercer esta nueva tarea con independencia de criterio y con rigor jurídico, la fiscal puso en valor la coincidencia de que la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado estén presididos por mujeres, una circunstancia que «deje dejar de ser noticia» para formar parte de la «bendita cotidianidad».
