El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ceuta, Antonio José Pastor Ranchal, ha rechazado en un auto la denuncia presentada el 29 de julio por Nuria de Madariaga, una letrada del Colegio de Abogados de Málaga, que pretendía ejercer la acusación popular contra «los asaltantes» de la valla fronteriza de la ciudad autónoma el pasado 23 de julio como presuntos «autores de atentados a agentes de la autoridad con objetos peligrosos y lesiones con la circunstancia agravante de banda organizada» y que al menos una parte entrase en prisión incondicional.
Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez que se encontraba de guardia la jornada del salto ha apreciado varios errores de forma que no han sido subsanados en el plazo establecido en la denuncia, a la que pretendía adherirse la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).
La denuncia, que tendría que haber sido querella con poder, procurador y fianza, se registró en nombre de «quienes estamos legitimados para ello, la ciudadanía española», y pedía que contra los migrantes «más violentos» se dictase orden de prisión incondicional y sin fianza porque «conocían perfectamente el escaso número de efectivos a quienes iban a atacar», «la escasez material de medios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» y «la prohibición de defender la frontera con material antidisturbios o incluso fuego real, como en otros países».
Además de supuestos delitos de atentado -con pena superior por la utilización de «objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables»- imputaba la supuesta comisión de otros de lesiones -con gravedad por determinar- y de desordenes públicos.
La abogada De Madariaga reclamaba «una minuciosa instrucción con relevante participación del Ministerio Fiscal» y señalaba a «las oenegés que defienden la inmigración ilegal» para asumir una hipotética responsabilidad civil subsidiaria o el pago de indemnizaciones.
El salto, que se saldó por parte de Cruz Roja con 22 guardias civiles y 132 migrantes que recibieron asistencia sanitaria, sigue en vía judicial porque la Guardia Civil remitió el 31 de julio al Juzgado un atestado sobre la entrada en grupo de 602 indocumentados nacionales de Guinea Conakry (sobre todo), Gambia, Congo, Chad y Camerún.
La diligencia recogió las identidades de todos ellos en base a la respuesta que el CETI dio al oficio que le trasladó para conocerlas y las de los 18 funcionarios que resultaron heridos. En ella la Benemérita explicó que está revisando las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del perímetro fronterizo para intentar identificar a los migrantes que protagonizaron los hechos «violentos».
El juez instructor está esperando el resultado de esa investigación para darle traslado a la Fiscalía y que esta se pronuncie sobre si interesa la continuación de las actuaciones o, en caso contrario, su archivo, por el que según fuentes judiciales se decantará si no hay individuos concretos a los que acusar. EP.
