Edificio de los tribunales de primera instancia francófonos, en Bruselas, donde tiene su sede el órgano judicial en el que su titular tramita la demanda contra el magistrado Pablo Llarena.
El Ministerio de Justicia tenía ya prevista la contratación de un bufete belga para representar a Llarena
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17/8/2018 15:11
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Actualizado: 17/8/2018 19:31
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El Ministerio de Justicia ya tenía elegido el bufete belga que representará al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el próximo 4 de septiembre ante el Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas ante el que los 5 políticos fugados han presentado una demanda contra su persona.
Según ha podido saber Confilegal, el Ministerio había venido trabajando en esa línea desde que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió a esta cartera, hace unos días, un escrito apuntando esa necesidad.
El acuerdo que tomó ayer, en su reunión, la Comisión Permanente del CGPJ, concediendo el amparo solicitado por Llarena, ha puesto el mecanismo a pleno rendimiento para evitar la ausencia de respuesta por parte de España y la consiguiente condena en costas, que, si se produjera, superaría el euro de compensación que exigen el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los también huidos Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
«La demanda contra el magistrado Llarena, contrariamente a lo que se ha dicho, no ha sido admitida a trámite. El sistema de justicia belga es diferente al de España. Lo que ha sucedido es que el ‘hussier’ (una figura que equivaldría al procurador español) de la parte demandante ha reservado la fecha del 4 de septiembre para que tenga lugar la vista. Será en ese momento cuando el juez del caso, que no lo conoce todavía, tomará la decisión de admitir la demanda o no», explican fuentes del Ministerio de Justicia.
Las mismas fuentes han confirmado, «ya se tiene elegido el despacho de abogados, pero no se le ha contratado formalmente todavía».
La intervención de la Abogacía del Estado ante el tribunal belga, ésta deberá desarrollarse de acuerdo con lo previsto en la Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, con el Reglamento que la desarrolla y con el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la representación y defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el servicio jurídico del Estado.
Estas normas prevén que cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse a través de la contratación de un abogado en el país de que se trate, pues la Abogacía del Estado no tiene capacidad legal para personarse (sí puede hacerlo cuando se trata de tribunales internacionales, pero no cuando es un órgano judicial de otro país). En cualquier caso, no se ha adoptado aún ninguna decisión en este sentido.
Cuando todas las piezas del rompecabezas legal encajen, los abogados del bufete contratado por el Estado español actuarán bajo la coordinación y supervisión de la Abogacía del Estado, cuya máxima responsable es Consuelo Castro, la cual está al tanto de todo.
Según la demanda de los 5 políticos fugados, la instrucción de Llarena “vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia”. Y han iniciado esa acción legal en Bélgica por ser competente ese país al ser donde residen 4 todos ellos; la quinta, Clara Ponsati, vive en Edimburgo, Reino Unido.
LOS DEMANDANTES FUERON DEPUESTOS POR LA APLICACIÓN DEL 155 DE LA CONSTITUCIÓN
Los 5 fueron depuestos por la implementación del artículo 155 de la Constitución, que suspendió el autogobierno en Cataluña por haber sobrepasado los límites establecidos en la Constitución al convocar un referéndum ilegal el 1 de octubre pasado. Están acusados de los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos.
Sobre la demanda de los 5 fugados, la Comisión Permanente concluyó, en su acuerdo de amparo al magistrado del Supremo, que “una simple y somera lectura de la demanda formulada y de la citación ponen de manifiesto que los procesados, demandantes en Bélgica, han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”.
Y concluyó en informar a los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores «para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».
La demanda de los 5 fugados ha sido calificada por los portavoces de las asociaciones de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente -Celso Rodríguez Padrón y Concepción Rodríguez- de “filibusterismo legal” y “uso torticero del Estado de Derecho”.
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