José Luis Rodríguez Zapatero, junto a un avión de Plus Ultra, en una composición que simboliza la investigación judicial sobre el rescate de 53 millones concedido a la aerolínea y la presunta trama de tráfico de influencias analizada por la Audiencia Nacional. Foto: Generada digitalmente.

Trama Plus Ultra: el magistrado Calama asume íntegramente el relato policial para imputar a Zapatero

25 / 05 / 2026 00:45

El magistrado instructor de la Audiencia Nacijonal José Luis Calama ha convertido los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional en el esqueleto de su auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero.

La coincidencia entre ambos documentos no es parcial ni aproximada: es prácticamente total.

Los informes policiales 1907/26 y 1908/26 trazaban una estructura jerarquizada con el expresidente en la cúspide.

El magistrado la reproduce en su resolución casi sin matices, hablando de una «estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias».

No hay distancia crítica. El magistrado hace suyo el relato de los investigadores.

El rescate de los 53 millones

El núcleo de la investigación es el rescate público a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del fondo FASEE de la SEPI —la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales—, por valor de 53 millones de euros.

La UDEF sostenía que se buscaron vías al margen de los cauces legales para obtener esa ayuda. El auto judicial recoge los mismos hitos administrativos, uno por uno, y llega a idéntica conclusión.

Las pruebas más llamativas apuntan en esa dirección. Una carta dirigida al directivo del Banco Santander Juan Manuel Cendoya solicitaba expresamente un crédito ICO «siguiendo instrucciones del Presidente D. José Luis Rodríguez Zapatero».

La reunión del expresidente con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020, y los contactos con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, figuran en los tres documentos como gestiones de alto nivel coordinadas.

Hay un detalle que la instrucción considera especialmente significativo: la red celebró internamente la concesión de la ayuda el 26 de febrero de 2021. El Consejo Gestor de la SEPI no se reuniría formalmente hasta el 2 de marzo.

Alguien, dentro de la estructura, sabía antes de tiempo.

El dinero y las sociedades

La UDEF identificó la sociedad Análisis Relevante S.L. como la pieza financiera central de la operación: una finance boutique, en su propia terminología, que canalizaba fondos bajo la apariencia de servicios de asesoría ficticios.

El magistrado instructor Calama emplea exactamente la misma expresión y confirma que tanto Análisis Relevante como Idella Consulenza servían para dar cobertura legal aparente a lo que los informes denominan directamente «mordidas».

El destino final del dinero apunta, según la investigación, al entorno más inmediato de Zapatero. La sociedad Whathefav S.L., administrada por sus hijas Alba y Laura, habría recibido 239.755 euros procedentes de Análisis Relevante.

Hay además transferencias directas a cuentas personales de las hijas en las que el expresidente figura como autorizado. El auto califica a Whathefav como la «sociedad finalista» de la trama.

Venezuela, el frente exterior

La investigación no se circunscribe a España. Los informes policiales describían una segunda línea de actuación ante el INAC venezolano —el organismo que regula la aviación civil en Venezuela—, gestionada por un intermediario identificado como Julio Martínez bajo la supervisión de alguien referido como «Z».

El objetivo: asegurar los permisos de vuelo de Plus Ultra en ese país. El juez incorpora esta rama como evidencia de que la red operaba de forma coherente a ambos lados del Atlántico.

Tráfico de influencias, blanqueo y posible falsedad documental

La calificación jurídica provisional coincide igualmente entre los informes policiales y el auto: presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Pero el magistrado añade un elemento adicional que no estaba en el foco inicial: indicios de falsedad documental.

La investigación apunta a que Plus Ultra pudo haber aportado datos falsos sobre su deuda con la Seguridad Social para cumplir los requisitos del rescate.

El auto de Calama no innova sobre el material policial. Lo valida, lo estructura jurídicamente y lo convierte en imputación. Eso, en sí mismo, ya es una declaración de intenciones sobre adónde se dirige esta instrucción.

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