Sobre estas líneas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. EP/Confilegal.
5 asociaciones de jueces y fiscales exigen al Ministerio defender la soberanía española
Reprochan al Ejecutivo desconocer absolutamente los trámites procesales de la justicia belga en la demanda contra Pablo Llarena
|
25/8/2018 02:11
|
Actualizado: 25/8/2018 02:26
|
Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han hecho un comunicado en el que instan al Ministerio de Justicia a que de un giro de 180 grados a su decisión de no defender la soberanía jurisdiccional española, y al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas el próximo 4 de septiembre.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), por los jueces, y la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), por los fiscales, califican el caso de «clara dejación de funciones de por parte del Gobierno de España».
«La independencia de nuestro Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada –directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley», afirman las 5 asociaciones.
Tanto la Unión Profesional de Fiscales (UPF) -a la que estaba afiliados hasta la asunción de sus responsabilidades la ministra, Dolores Delgado y el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz– como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ambas asociaciones progresistas, no han querido suscribir el comunicado.
En el mismo, las 5 asociaciones le recuerdan al Gobierno de la nación que «El Estado, a través de sus órganos constitucionales, primero el Ejecutivo, pero también el Consejo General del Poder Judicial –que ya ha concedido amparo al Magistrado- tiene la obligación de adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar la defensa del Magistrado D. Pablo Llanera por actuaciones desarrolladas en el ejercicio de la función jurisdiccional, como presupuesto para salvaguardar su independencia y la de todo el Poder Judicial«.
«Defender a la Justicia española no es otra cosa que defender la propia soberanía del Estado, como pilar esencial de nuestra propia configuración política», añaden.
La APM, asociación a la que pertenece Llarena, por la mañana exigió al Ministerio que defendiera a Llarena ante los tribunales.
“Se debe actuar sin reservas porque se trata de defender no sólo a Llarena, sino la soberanía española”, afirmó Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM. “No estamos de acuerdo con la lectura que la ministra ha hecho de este asunto. El Estado no puede dejar al pie de los caballos a un juez que cumple con su deber“.
Padrón describió recientemente esta demanda como prueba más del “filibusterismo legal” y del “uso torticero del Estado de Derecho” de que han venido haciendo gala los fugados desde su huida de España.
El Gobierno desconoce los trámites procesales de la justicia belga
Las 5 asociaciones consideran que la decisión de no prestar la asistencia legal en Bélgica al magistrado Llarena «implica una incomprensible dejación de la propia defensa del Estado».
También atacan frontalmente la justificación de la ministra de Justicia -a quien apoyó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo- porque implica un desconocimiento de los trámites procesales belgas.
«La afirmación de que si la jurisdicción española ‘si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España’, solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales –o peor aún, desde el propósito de no hacer nada-, puesto que el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen –previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista –y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas», señalan con toda claridad.
Y le recuerdan al Gobierno de España lo que fuentes oficiales del Gobierno belga le informaron hace unos días: “La inmunidad debe invocarse ante el tribunal” porque “no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de España automáticamente”.
El ejecutivo belga recomendaba al español “asegurar la defensa de su inmunidad ‘in limite litis’ ante el Tribunal de Primera Instancias de Bruselas. Si España no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional”.
Así se hace el juego a los separatistas
Las asociaciones de jueces y fiscales tampoco entienden que se considere «improcedente» la defensa «por parte del Estado español del Magistrado Sr. Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan».
El Gobierno se escuda las palabras que pronunció Llarena durante «un “canutazo”, con periodistas el pasado 22 de febrero, en Oviedo, tras la celebración de una mesa redonda sobre los delitos económicos y la responsabilidad penal de las empresas organizada por Autosa BMW.
Fueron estas: “Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados. Restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado todavía culpable, en la eventualidad de que esto se produzca, y exclusivamente durante el tiempo en que se lleva una investigación, tiene que restringirse lo máximo posible. Por esto la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados en su propio interés y en el interés de toda la opinión pública y de toda la ciudadanía española tambien cuanto antes”.
Para las asociaciones de jueces y fiscales que suscriben el comunicado, el objetivo de los separatistas es evidente: «Un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto«.
Buena parte de esta argumentación es la contestación no sólo a la ministra Delgado, y a su decisión de no defender a Llarena ante el tribunal belga, sino también a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ayer afirmó que el Gobierno se haría caso al asunto cuando la demanda sea admitida, porque será «defender la soberanía jurisdiccional de España». Es decir, indicarle a la justicia belga «que no se puede inmiscuir en procedimientos» del espacio propio español, «que debe ser inmune».
Palabras que no cayeron muy bien entre jueces y fiscales por el desconocimiento evidente que tenía del caso y sus detalles.
Dos informes de la Abogacía del Estado apoyaban la representación legal en defensa de Llarena
La Abogacía del Estado había apoyado con dos informes la contratación de un bufete belga que represente a España y al magistrado Llarena en la vista del próximo 4 de septiembre.
Uno de ellos, el principal había sido suscrito por la máxima responsable del cuerpo, Consuelo Rey. El segundo por la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado, cuya máxima responsable es Consuelo Rey.
Ambos concluían que las declaraciones de Llarena fueron realizadas «en su calidad de instructor de la causa especial; y que, al igual que los otros hechos invocados, se vinculan directamente con su condición de persona que representa uno de los órganos del poder judicial español. Por lo tanto, no puede afirmarse que tales declaraciones públicas sean ajenas al legítimo desempeño de su función como Magistrado del Tribunal Supremo».
Dos informes a los que ni la ministra de Justicia ni la vicepresidenta han hecho caso omiso.
Las 5 asociaciones, por último, instan al Consejo General del Poder Judicial para «que se adopten las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado D. Pablo Llanera, al amparo de los arts. 117 122.2 CE y el art. 14 LOPJ, asegurando la defensa del referido Magistrado en caso de inacción del Gobierno».
Noticias Relacionadas:
