El coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí ha presentado finalmente un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior por su cese como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), que fue comunicado el pasado 2 de agosto alegando «pérdida de confianza».
Según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento, se trata de un recurso de alzada ante el mando superior del firmante del cese, que fue la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.
Le corresponde por tanto resolver al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en caso de que el cese sea ratificado, al coronel Sánchez Corbí le quedará la vía de lo contencioso administrativo.
La destitución se motivó por parte de Interior alegando «pérdida de confianza» después de que a finales de julio trascendiera una orden interna fechada el día 25 de ese mes firmada por él en la que suspendía las actividades con cargo a fondos reservados por falta de disponibilidad de los mismos.
En esa orden interna de Sánchez Corbí se comunicaba a sus subordinados que quedaba «temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa (UCO) y sus unidades subordinadas que requieran obligatoriamente realizar gastos de la partida Fondos de Gastos Reservados», explicando que la caja se había agotado el 24 de julio.
CESE FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO
El cese fue firmado el 2 de agosto por la secretaria de Estado a propuesta del director de la Guardia Civil, Félix Azón.
En el escrito ya figuraba que contra la resolución -que no agotaba la vía administrativa- el mando de la Guardia Civil podía interponer recurso de alzada «en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común».
Sánchez Corbí estaba al mando de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado desde 2015 y en el pasado tuvo un papel destacado contra la banda terrorista ETA.
Como jefe de la UCO, investigó relevantes casos de corrupción como los ERE de Andalucía, Púnica o Lezo, y también resolvió lo asesinatos, con la detención de los culpables, de Diana Quer y del niño Gabriel Cruz.
Para sustituirlo, Interior optó por el coronel Francisco Javier Sánchez Gil como nuevo responsable.
El pasado miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó en su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Interior extenderse en los detalles sobre el cese pese a que la Diputación Permanente del Congreso había votado a favor dos días antes.
MARLASKA NO QUISO PRONUNCIARSE EN EL CONGRESO
El titular del Interior alegó que no podía hablar aún para no «contaminar» su papel porque estaba abierto el plazo para que Sánchez Corbí planteara recurso por su dimisión, lo que le obligaba a mantenerse al margen porque tendría que ser él, como ministro, quien resolviera el expediente.
Marlaska prometió pedir su comparecencia más adelante, una vez resuelto el recurso, ante la conocida como Comisión de Secretos Oficiales, cuyas reuniones son a puerta cerrada y sólo puede asistir un diputado por grupo, pero ante la protesta de la oposición, ofreció hacerlo también en la Comisión de Interior, en sesión pública.
La negativa a ofrecer explicaciones esta semana generó tensión en la Comisión de Interior, cuya presidente, el ‘popular’ Rafael Merino, no aceptó eliminar ese punto del orden del día al considerar que el ministro no estaba cumpliendo el requerimiento de la Diputación Permanente.
El PP y Ciudadanos recriminaron al ministro que rehusara dar explicaciones políticas.
Tanto Miguel Gutiérrez (Ciudadanos) como, sobre todo, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y diputado del PP, calificaron de «indefendible» la negativa de Marlaska, al tiempo que definieron al funcionario destituido como «ejemplar».
El PP anunció incluso que elevará una protesta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. EP.
