Fuentes de Interior indican que el ministro Fernando Grande-Marlaska tenía previsto comparecer mañana por la inmigración ilegal y el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas antes de que la Diputación Permanente acordara ayer su comparecencia por estas cuestiones, además de por la destitución de Sánchez Corbí./ EP.
Marlaska explicará el acercamiento de presos de ETA, la inmigración ilegal y el cese de Corbí
La vicepresidenta y otros 8 ministros también darán explicaciones en el Congreso por sus políticas
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28/8/2018 09:25
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Actualizado: 28/8/2018 11:58
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá mañana a petición propia en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta sobre el acercamiento de presos de ETA y la política migratoria tras el asalto masivo a la valla de Ceuta el pasado julio por parte de más de 600 subsaharianos.
Los inmigrantes emplearon cal viva, palos, cizallas, objetos cortantes, esprays como lanzallamas e incluso cócteles molotov, y dejaron a 22 guardias civiles heridos, con quemaduras químicas, ojos inflamados, contusiones y trastornos respiratorios.
PP y Ciudadanos reclamaron ayer su comparecencia por este caso durante la Diputación Permanente del Congreso.
Además, la abstención de Unidos Podemos facilitó que el ministro también dé explicaciones sobre el cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí.
La Diputación Permanente del Congreso decidió ayer si forzaba la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de 13 ministros.
Decidió que comparezcan cinco ministros esta semana -Fernando Grande-Marlaska, Magdalena Valerio, José Luis Ábalos, Luis Planas y Marisa Carcedo– y otros tres –Isabel Celaá, Teresa Ribera y Xiana Méndez– la próxima. El próximo 13 de septiembre también dará explicaciones en la Cámara Baja el titular de Exteriores, José Borrell.
Todas ellas fueron pedidas por el Gobierno, pero también fueron debatitas en la Diputación Permanente a instancias de la oposición.
SUPUESTAS AGRESIONES DE AGENTES A INDEPENDENTISTAS
Otra de las solicitudes presentadas a la Diputación Permanente por la oposición era que Grande-Marlaska diera explicaciones por los casos de supuestas agresiones a independentistas por parte de miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, al ser asuntos que ya están en la vía judicial. PP, PSOE y Cs rechazaron esta petición de ERC.
El presidente autonómico catalán, Quim Torra, envió el pasado 22 de agosto una carta al ministro de Interior denunciando estas presuntas agresiones, y pidiéndole que intervenga.
En concreto, hacía referecia a los insultos denunciados por los diputados de ERC Jenn Díaz y Josep Maria Jové que presuntamente profirió un agente de la Policía Nacional; y la agresión al fotoperiodista Jordi Borràs supuestamente a manos de otro policía.
También aludía a la identificación de un guardia civil el pasado fin de semana en un grupo que quitaba lazos amarillos en varios municipios de Tarragona.
Ayer le envió otra misiva el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en la que le pide “eventuales responsabilidades” de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presuntamente involucrados en agresiones a independentistas.
‘DESTITUCIÓN ARBITRARIA, INJUSTIFICADA Y COMUNICADA POR TELÉFONO A SÁNCHEZ CORBÍ’
PP y Ciudadanos han defendido la necesidad de que Grande-Marlaska ofrezca explicaciones en el Congreso por la destitución «arbitraria, injustificada y comunicada por teléfono» del coronel Manuel Sánchez Corbí, al que han ensalzado por ser «un funcionario público con reconocimiento nacional e internacional».
El cese, efectuado el pasado 2 de agosto, se justificó por «pérdida de confianza», tras publicarse una orden interna suya en la que suspendía las actividades con cargo a fondos reservados por falta de disponibilidad.
El PSOE ha señalado que el coronel Sánchez Corbí aún puede plantear un recurso contra Interior por cesarle al frente de la UCO, y ha indicado que es el mando policial quien debe aclarar a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales el uso de fondos reservados.
ACERCAMIENTO DE ETARRAS AL PAÍS VASCO
El presidente del Gobierno pactó el pasado 25 de junio con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, crear grupos de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, además de para analizar y negociar el traspaso de 37 competencias pendientes, según informó Urkullu tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Hoy he comenzado la ronda de contactos que mantendré con las presidentas y presidentes autonómicos recibiendo en La Moncloa al lehendakari @iurkullu. Buena sintonía durante este primer encuentro y voluntad para trabajar juntos por la convivencia en nuestro país. pic.twitter.com/VBiH8cM3t8
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 de junio de 2018
Desde el Gobierno han expresado que el Ejecutivo mantiene su intención de cumplir la legislación penitenciaria que ampara el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles vascas y navarras.
El Ejecutivo considera que el PP no debería oponerse al acercamiento porque el mayor número de movimientos de este tipo se produjeron durante la primera legislatura de José María Aznar, entre 1996 y 2000, con Mariano Rajoy como ministro.
Por su parte, el diputado del PP Javier Maroto manifestó ayer en la Diputación Permanente que «les preocupa mucho» la posición que fije el ministro respecto al acercamiento de presos de ETA.
Recordó que el consejero vasco Jonan Fernández ha defendido que el fin de la dispersión debe beneficiar también a los etarras «más duros».
Además, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez rebatió a PDeCAT y el PNV sus alegaciones de que en la lo que se hace es cumplir la ley al poner fin a la dispersión tras la desaparición de ETA.
Gutiérrez destacó que Pedro Sánchez «ha roto el consenso» porque «algo está pagando a los cobradores del frac».
«No queremos privilegios, deben cumplirse las condiciones, entre ellas la ayuda en el esclarecimiento de 379 asesinatos sin esclarecer, que son 379 familias destrozadas», sentenció el diputado de Ciudadanos.
EL RESTO DE COMPARECENCIAS
El jueves comparecerá la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, para informar de política de inmigración; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por sus planes sobre las autopistas de peaje y el conflicto del taxi y las empresas de VTC; y la vicepresidenta Carmen Calvo, a la que se han reclamado explicaciones por las medidas contra la violencia de género.
Cabe recordar que más de 30 asociaciones por la custodia compartida denuncian ante el Defensor del Pueblo ‘el decretazo’ sobre violencia de género.
Mañana o pasado también informará el ministro de Agricultura, Luis Planas, del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, y la Alta Comisionada del Gobierno contra la Pobreza Infantil, Marisa Carcedo, que estos días también acudirá al Congreso para exponer sus planes de su mandato.
La próxima semana, primera del periodo ordinario de sesiones, comparecerá el próximo 4 de septiemebte la titular de Educación, Isabel Celaá, para informar del curso escolar.
El día 5 dará explicaciones en la Cámara Baja la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre las negociaciones con la Generalitat de Cataluña; y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por temas de energía y la paralización del almacén nuclear (ATC).
El día 7 se prevé la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, para dar cuenta de los informes sobre exportación de material de Defensa.
Finalmente, el próximo 13 de septiembre comparecerá el titular de Exteriores, José Borrell.
Las peticiones de comparecencia del titular de Exteriores, ambas cursadas por el PP, se refieren a la posición del Gobierno sobre “los graves sucesos acaecidos en Nicaragua” y al cierre unilateral y definitivo acordado por Marruecos de la Aduana Comercial existente desde 1956 con la Ciudad Autónoma de Melilla.
EL PP PIDE AL GOBIERNO QUE CLARIFIQUE LAS CONTRATACIONES DE LA MUJER DEL PRESIDENTE
El grupo parlamentario popular en el Senado también ha registrado una batería de preguntas para que el Ejecutivo clarifique la contratación de la mujer del presidente, Begoña Gómez, en un postgrado dependiente de la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Empresa.
La portavoz adjunta de los populares Cristina Ayala ha criticado que “el Gobierno ha sustituido la meritocracia por la amigocracia colocando a centenares de enchufados”.
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