El presidente autonómico catalán, Quim Torra, ha enviado hoy una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunciando presuntas agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a separatistas, y pidiéndole que intervenga.
En la misiva le muestra su «preocupación por los hechos que están sucediendo en Cataluña», en referencia a los insultos denunciados por los diputados de ERC Jenn Díaz y Josep Maria Jové que presuntamente profirió un agente de la Policía Nacional; y la agresión al fotoperiodista Jordi Borràs supuestamente a manos de otro policía.
También alude a la identificación de un guardia civil el pasado fin de semana en un grupo que quitaba lazos amarillos en varios municipios de Tarragona. «De las personas identificadas, parece contrastada la participación de un agente de la Guardia Civil en estos grupos armados y organizados que recorren el territorio catalán», expresa al respecto.
Afirma que estos estos hechos «parecen adecuarse» a las prohibiciones tipificadas en la legislación española, y cita, por ejemplo, la «ostentación o utilización de armas sin causa justificada, así como su uso en acto de servicio o fuera de él infringiendo los principios y normas que regulan su uso».
También alude a la prohibición de «organizar o participar o asistir llevando armas, vistiendo uniforme reglamentario o haciendo uso de su condición de guardia civil, a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se celebren en lugares públicos».
Torra ya envió el pasado 9 de agosto una carta a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, pidiéndole que actuara ante esos supuestos hechos, pero «a la vista del silencio de la delegada del Gobierno», reclama la intervención del ministro.
El presidente catalán reclama a Grande-Marlaska que le informe «urgentemente» de las medidas disciplinarias que prevé adoptar contra estos agentes que supuestamente habrían protagonizado acciones contra el independentismo. Pide aclarar los hechos «lo más pronto posible».
Torra urge a «poner fin a la escalada de violencia en Cataluña por parte de grupos violentos, y depurar responsabilidades».
AMPARO DEL CGPJ AL JUEZ LLARENA
Por otra parte, cabe recordar que el instructor de la causa del “procés” en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ha procesado a 25 líderes separatistas por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, se ha convertido en una ‘bestia negra’ para el independentismo.
Llarena; su esposa, Gema Espinosa; y 15 amigos suyos sufrieron el pasado julio un escrache independentista de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Mont-ras (Gerona).
Los Mossos abrieron a principios de este mes diligencias para investigarlo.
Además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado 16 de agosto -por 7 votos a 1- dar al magistrado el amparo solicitado frente a los que considera “un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional” por parte de los políticos fugados, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y 4 exconsejeros del gobierno autonómico catalán disuelto por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
Los 5 huidos -4 en Bélgica y 1 en Escocia, Reino Unido- habían demandado a Llarena ante el Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas (Bélgica) por una supuesta “vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política».
De acuerdo con Llarena, lo que buscan los 5 políticos fugados es “condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse” en ese y otros procedimientos.
