El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la operación de filibusterismo legal llevada a cabo por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de los exconsejeros prófugos en Bélgica, quienes interpusieron una demanda civil contra su persona en los tribunales de ese país.
La primera sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas acordó citar para el próximo 4 de septiembre a Llarena, quien no tiene la obligación de acudir personalmente y que, además, tampoco ha sido notificado de la demanda. El exjuez decano de Madrid, Antonio Viejo -nuevo secretario general de la Administración de Justicia-a través del cual se canalizó la citación, devolvió el exhorto al juez belga sin cumplimentar.
Puigdemont afirma en su demanda que la instrucción de Llarena «vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia», por lo que ha demandado al magistrado en Bélgica al entender que la Justicia de este país es competente por ser el lugar en el que reside.
En el escrito dirigido por Llarena al CGPJ el juez explica que, según las noticias periodísticas, en la demanda interpuesta contra él el pasado junio «se cuestionaría la imparcialidad de mi instrucción, pretendiendo que sea un tribunal belga el que examine la corrección de mi labor«, según publica El Español.
«Según parece», añade, «de ello pretendería derivarse una condena para que se declare la lesión del derecho al honor de los demandantes, con las consecuencias económicas derivadas de esa declaración: un euro por cada uno de los demandantes, más las costas del proceso».
En opinión de Llarena, las palabras de Viejo condensan y evidencian «el carácter groseramente fraudulento de la demanda, que no tendría más fin que sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española (que es la jurisdicción de la propia Justicia española) y hacerlo defraudando los instrumentos de los que el ordenamiento jurídico español se dota para asegurar la independencia de mi función: el aforamiento ante el Tribunal Supremo y la prohibición contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de que puedan dirigirse demandas directas contra jueces y magistrados por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su función».
Llarena señala que los jueces del Alto Tribunal español están aforados en cuanto a la exigencia de responsabilidad civil y penal y que la ley impide que los ciudadanos demanden directamente a un juez por los daños causados en el ejercicio de su función.
Es «una garantía común en nuestro entorno de Derecho comparado para asegurar la independencia de los jueces por la vía de asegurar su integridad patrimonial, que puede verse gravemente condicionada por ataques dirigidos por quienes tienen la capacidad económica para forzar a los jueces a invertir y poner en riesgo su patrimonio teniendo que sufragar los costes de su defensa para desempeñar una función que no se lleva a cabo en interés propio o personal, sino en defensa de los intereses generales».
La demanda, de acuerdo con Llarena, entraña un riesgo «para la integridad de la jurisdicción española», porque supone «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrollo mi labor».
En consecuencia, pide al CGPJ que tome las medidas oportunas «para restaurar la independencia judicial dañada y la integridad de la jurisdicción». Algo que estudiará la Comisión Permanente próximamente.
Es la primera vez que Llarena pide amparo al CGPJ.
